La ley, que habilita al Ministerio de Seguridad y Justicia a señalar a los sospechosos de cargos de terrorismo y a quitarles su nacionalidad, fue puesta en discusión luego de que las autoridades notaran un creciente aumento del número de ciudadanos holandeses que viajaron a los territorios de Medio Oriente conquistados por la milicia Estado Islámico.
Además, se da en medio de una tensa campaña política de cara a las elecciones legislativas de marzo próximo, en la que el avance de la ultraderecha xenófoba logró cambiarle la agenda a los partidos políticos mayoritarios, habitualmente más moderados.
La ley no requiere ningún tipo de prueba concreta de que un individuo se unió a una organización considerada terrorista por el gobierno o que tiene la intención de hacerlo. Tampoco requiere una sentencia por un delito cometido, según la agencia de noticias DPA.
La nueva norma, que ya contaba con media sanción de la Cámara baja, recibió un fuerte apoyo del Senado, donde el primer ministro Mark Rutte suele encontrarse con una fuerte oposición, debido a que no cuenta con la mayoría.
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