El juez federal Julián Ercolini procesó ayer sin prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como presunta coautora de “asociación ilícita” y “administración fraudulenta” en la causa sobre direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez, y ordenó un embargo sobre sus bienes por 10.000 millones de pesos, equivalente a 650 millones de dólares.
Fuentes judiciales informaron que la resolución alcanzó a la vez, también como supuestos coautores, al ex ministro de Planificación e Infraestructura y actual diputado nacional Julio De Vido, y a los detenidos José López, ex secretario de Obras Públicas, y Lázaro Báez, titular de Austral Construcciones SA.
Para todos ellos el magistrado también dispuso embargos por 10 mil millones de pesos.
El juez procesó también como supuestos coautores de los mismos delitos a Carlos Santiago Kirchner -primo del extinto ex presidente Néstor Kirchner-; Nelson Guillermo Periotti, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez.
Para el juez la asociación ilícita “se fue gestando desde mayo de 2003, con miembros que no solo se conocían sino que mantenían vínculos de estrecha confianza, sea por haber formado parte de los órganos de gobierno de la provincia de Santa Cruz o por haber formado parte de la función pública en la intendencia de Río Gallegos, donde el matrimonio Kirchner tenía pleno dominio de la situación”.
“Todos ellos fueron designados a partir de su formación en lugares claves para poder cumplir con los designios” de la asociación, indicó, y advirtió que los imputados “ocuparon cargos vitales en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, no solo en la cúpula del mismo, sino en la Secretaría de Obra Pública, en la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y en la DNV” (Dirección Nacional de Vialidad).También remarcó que “los funcionarios públicos imputados se conocían entre sí y alguno de ellos, si bien no se ha demostrado que conozcan personalmente a Báez, sabían de su existencia, de su rol y participación en la asociación”.
Y puso de relevancia que “todos conocían el pacto que los unía, y de ello da fe la vasta prueba colectada en el sumario”.
En cuanto al segundo delito, sostuvo que Fernández de Kirchner “habría omitido su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en su función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país con el fin de beneficiar indebidamente al amigo personal de su fallecido esposo y su socio comercial”.
En ese sentido, Ercolini hizo hincapié en que “reviste importancia a los fines valorativos desarrollar la estrecha relación personal y comercial” entre el titular de Austral Construcciones y la familia Kirchner dado que el empresario era “el último y real destinatario” de las maniobras.
Puntualmente respecto a la ex Presidenta sostuvo que “se advierte una intervención que a la luz del estudio integral y objetivo de los elementos de cargo reunidos, no son simples decisiones políticas, sino que son determinaciones con miras a lograr el ilícito cometido”.
Por ejemplo, Ercolini dijo que la ex mandataria “habría efectuado el direccionamiento” en las licitaciones de obras públicas “mediante la firma de las leyes de presupuesto nacional” durante “los dos períodos” en que ocupó la Presidencia de la Nación de 2007 a 2015.
Fernández de Kirchner y los otros acusados “habrían perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que en función de las atribuciones otorgadas por la Constitución Nacional, leyes y decretos, respectivamente, se encontraban bajo la órbita de su responsabilidad, con el fin de procurar un lucro indebido propio o de terceros, como por ejemplo, el del empresario Lázaro Antonio Báez”, insistió el juez.
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