Para sumar argumentos al debate que se viene en el Senado, el Gobierno realizó un relevamiento técnico-político del proyecto sobre Ganancias votado masivamente por la oposición en la Cámara de Diputados el martes pasado y en el texto marcó una serie de críticas que aluden a incongruencias de forma y faltas de “certeza”, a otras complejidades que llevaron a “no saber” qué se votó, a supuestas inconstitucionalidades y hasta a la posibilidad de que se haya perpetrado un boicot político al blanqueo de capitales.
En un documento interno de circulación restringida, las autoridades económicas detallaron lo que, a su juicio, son “12 los puntos flojos del proyecto aprobado por el peronismo”, cuya lista fue encabezada con un “no saben qué mínimo imponible votaron”, en referencia a “fórmulas muy parecidas a la tablita de (José Luis) Machinea” derivada del cálculo que se hace en el proyecto sobre “los sueldos a partir de los cuales se tributa el impuesto”.
Ese “cálculo es incierto y por eso, en la conferencia de prensa, ellos mismos dijeron que los mínimos no imponibles eran ‘estimados’. Es decir, no saben que mínimo no imponible votaron”, señala el paper.
El punto 2 explica que el proyecto “crea múltiples deducciones, cuyo control por parte de la AFIP es imposible, con lo cual todo el mundo las va a usar, tengan derecho o no, por lo que termina funcionando como un mínimo no imponible más alto”.
El tercer ítem alude al otorgamiento de exenciones “que terminan elevando el mínimo no imponible a conceptos del sueldo como productividad; así, los salarios incorporan un gran componente por este concepto, que es muy heterogéneo, con lo cual una gran proporción del sueldo va a estar exento”.
En el punto 4 se explica que el proyecto establece una serie de “privilegios para la zona del país con mayores sueldos y mayores índices de desarrollo humano como son las provincias patagónicas y La Pampa, otorgando 45 por ciento más de mínimo no imponible”. Y hace una referencia política: “ni CFK se había animado a tanto (30%)”.
También desestima que se trate de “zonas desfavorables, cuando en realidad no lo son, todas estas provincias están en el top ten de desarrollo humano y tienen muchos otros subsidios, que más que neutralizan los precios más altos de estas regiones”.
En el quinto lugar de la lista se menciona que el proyecto aprobado exime de Ganancias a los jubilados que ganen hasta 60.000 pesos. “Ahora bien, la jubilación máxima del SIPA llega a 41.474, ¿a qué jubilados de privilegio quieren beneficiar?”, se pregunta.
Los puntos 6 y 7 se refieren a la suba de la facturación límite del monotributo y allí se critica que “no” se aumenta ni el componente impositivo que “no se mueve desde el año 2004 y el de aporte a seguridad social desde 2012, produciendo que la carga impositiva en términos de facturación sea más baja para el que factura 1,2 millones que para el que factura 100 mil”.
Además critica que “crearon una categoría nueva, la ‘A’, pero se olvidaron de establecer impuestos para esta categoría”. Por último, explica que el proyecto “permite volver a cualquiera al monotributo, por más que sea evasor”.
Luego, el documento alude a que el proyecto del Ejecutivo establecía aumentos de las escalas del artículo 90 para los próximos tres años y asegura que el votado “sólo actualiza los montos de 2017 (luego utiliza una actualización anual)” y que “esto perjudica a las escalas más bajas”.
El punto 9 argumenta contra la imposición a la renta financiera: “está mal hecha”, asegura y añade que la medida “encarecerá el crédito bancario, tan necesario para la reactivación”.
Según el análisis oficial “le van a retener a todo el mundo (inclusive a los que no pagan Ganancias) los intereses de las cajas de ahorro y cuentas especiales de ahorro, plazo fijo judiciales y otras formas de captación de depósitos”.
También se afirma que “se está gravando renta nominal, no renta real”, que “la capacidad de recaudación es muy baja” porque se grava a las personas y no a las empresas y se recuerda que “en el proyecto votado siguen sin gravar las ganancias de capital por compra venta de acciones”,
La crítica número 10 dice textualmente: “si bien, es correcto que los jueces nuevos empiecen a tributar (de hecho la idea se tomó de un proyecto presentado por el PRO), no hay ahorro fiscal significativo por esta medida”.
En el undécimo lugar se hace una referencia a que roza la cuestión constitucional: “las ganancias por dólar-futuro tributaron Ganancias (35%) y ahora les quieren cobrar 15% más. Este impuesto es de recaudación incierta y podría resultar confiscatorio”, se afirma.
Por último, el punto 12 se refiere al impuesto a “los inmuebles improductivos” que, para la Casa Rosada “tiene un solo objetivo y es político”, ya que se interpreta que “busca que fracase el blanqueo de inmuebles en el exterior en el que está trabajando el Gobierno”.
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