ULTIMO MOMENTO:
SUPERIOR TRIBUNAL EVALUA UNA INCONSTITUCIONALIDAD
El Ministerio Público de la Acusación Fiscal-MPAF ratificó el pedido de detención de los ex funcionarios del IVUJ Pablo Tolosa y Marta Gutiérrez, al contestar el requerimiento solicitado por el Superior Tribunal de Justicia que debe resolver un recurso de inconstitucionalidad presentado por las defensas de ambos en contra del fallo de la Cámara de Apelaciones y Control que rechazó la libertad de ambos en coincidencia con la postura adoptada por la Fiscalía Penal Nº 1.
En los próximos días la Sala Penal II del Superior Tribunal de Justicia deberá expedirse al respecto, luego de que corriera vista del expediente al MPAF y éste respondiera conforme lo indicado más arriba, es decir que el recurso presentado por los abogados Dr. Efraín Garay y Dr. Lucas Grenni, se halla en la etapa de resolverse.
Por el momento, Tolosa y Gutiérrez se hallan en libertad conforme a la resolución del Juez de Control Dr. Gastón Mercau, medida que fue apelada por el Agente Fiscal Nº 1 Dr. Diego Cussel, cuya postura fue compartida luego por la Cámara de Apelaciones y Control al denegar el cese de detención.
A esta resolución de la Cámara atento a que ambos podrían entorpecer la investigación, los defensores respondieron con un recurso de inconstitucionalidad por ante el Superior Tribunal de Justicia, cuya Sala Penal II al abocarse al tema pidió los 26 cuerpos que componen el expediente en la causa que tiene como imputados además de los dos antes indicados, a Milagro Sala, Lucio Abregú, y la diputada Mabel Balconte, entre otros por el supuesto delito de “Asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión”.
En este expediente se investiga el desvío millonario de fondos públicos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales por parte de cooperativas ligadas a la organización social Tupac Amaru.
Según se pudo conocer, el MPAF sostiene que Tolosa y Gutiérrez “participaron de hechos que perjudicaron seriamente a sectores desprotegidos de la sociedad, como son las personas que carecen de una vivienda”, y remarcó que los inculpados en su condición de funcionarios “violaron sus obligaciones previstas en la ley”, siendo parte de un “mecanismo organizado” para hacerse de recursos públicos.
En su momento, los ex funcionarios intentaron despegarse asegurando que sólo se limitaban a obedecer decisiones políticas superiores, es decir de quienes ejercían el gobierno de entonces.
MEDIDAS PROBATORIAS
Mientras tanto, el Juzgado de Control Nº 3 tras el retorno de una licencia de su titular, el Dr. Gastón Mercau, sigue con las medidas probatorias del caso atento a la investigación jurisdiccional devenida en la condición de legisladora de Balconte, no así por la situación de Sala como electa miembro del Parlasur.
Según se pudo saber, se habría solicitado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto informe a países como Bolivia, Perú, Uruguay y Venezuela, informe sobre cuentas bancarias de algunos de los imputados.
