La presentación la hizo el Dr. Ariel Fabricio Roldán meses atrás ante el juez Dr. Mariano Wenceslao Cardozo, requiriendo a través del instituto del hábeas corpus, se “corrija su estado actual de privación de la libertad, la cual se tornó arbitraria e ilegal en tanto se habrían cumplido los dos años de prisión preventiva sin tener juicio justo. Ello deriva en una tardanza excesiva en los tiempos razonables del proceso”.
El magistrado, quien fue el mismo que los procesó y encarceló, evaluó la petición del avezado letrado de los imputados, concediendo dichas excarcelaciones, la cual se habría concretado la semana pasada. Previamente se corrió vista al Fiscal Federal Nº 2 Dr. Federico Zurueta, quien coincidió en el requerimiento de la defensa. “Mi criterio se ajustó a derecho”, dijo el letrado a Pregón.
En su argumentación, el Dr. Roldán advertía que, “si se negara mi pedido, se incurriría en una denegación de justicia “, invocando así el art. 1ro. de la Ley 25430 sobre los límites del aprisionamiento sin juicio, y tratados internacionales (Pacto de San José de Costa Rica y otros) que hablan sobre los plazos razonables del proceso.
Conviene citar que tanto Mansilla como Gallardo, y otras personas que fueron liberadas con anterioridad, fueron acusados por Maximiliano Tolaba de secuestro extorsivo, torturas y violación, por un hecho ocurrido en mayo del año de 2014 en Centro Forestal y en el que supuestamente también fueron víctimas otros dos sujetos de apellidos Torres y Román. Esta carga delictual del secuestro, hizo que la denuncia pasara inicialmente de la órbita provincial a la federal.
Meses después dos de las “víctimas” se desdijeron de las denuncias advirtiendo en sede judicial que nunca los raptaron, que sólo accedieron a acompañar a “Pilo” a localizar a otro para que devuelva todo lo que habían sustraído días antes desde su local comercial. Por ello, ante este nuevo cuadro de situación, el 7 de marzo último, el Dr. Roldán presentó en el marco del expediente 9984/14 un recurso de excepción por falta de acción y por inexistencia de delito, echando por tierra los argumentos esgrimidos tiempo atrás por el entonces fiscal federal Pablo Pelazzo.
Ello derivó en la declaración de incompetencia del juez Cardozo, quien remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que dirima la situación, sin que hasta la fecha se conozca decisión.
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