El presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, renunció ayer finalmente a acudir al Senado español para presentar sus alegaciones contra la intervención de la autonomía de la región anunciada por el gobierno central de Mariano Rajoy, en un nuevo revés a la posibilidad de una salida negociada a la crisis.
La decisión del líder soberanista fue adelantada por fuentes parlamentarias y confirmada a la agencia de noticias DPA por el gobierno de Cataluña, que evitó hacer más comentarios.
La prensa española y la agencia de noticias EFE habían asegurado antes que Puigdemont sí acudiría al Senado: un reflejo de la incertidumbre con las que España entra en dos días decisivos.
El Parlamento catalán celebrará hoy jueves un pleno para analizar la respuesta a la intervención de la autonomía por parte del Estado central y que podría servir para declarar la independencia de la región.
A falta de confirmaciones, la vía unilateral parece más probable tras la renuncia de Puigdemont de acudir al Senado.
En otra cita clave para la crisis, el Senado en Madrid celebrará el viernes un pleno en el que aprobará la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite al gobierno central adoptar “medidas necesarias” para forzar a una región a cumplir con sus obligaciones.
El gobierno de Rajoy pidió dar ese paso, inédito en 40 años de democracia en España, para remover a Puigdemont y su Ejecutivo y para convocar elecciones autonómicas en un plazo de seis meses, entre otras medidas, para frenar el plan independentista.
Siguiendo lo establecido en el artículo 155, el Senado había invitado a Puigdemont a presentar alegaciones ante la comisión que estudia la aplicación del artículo o el viernes a la mañana en el pleno que lo aprobará, algo que finalmente no ocurrirá.
La incógnita pasa ahora por las decisiones que pueda adoptar el “Parlament” catalán en el pleno de hoy, que puede prolongarse hasta mañana viernes.
Sectores moderados del gobierno catalán piden a Puigdemont evitar la declaración de independencia y convocar a elecciones, mientras que las voces más radicales le exigen proclamar la “República catalana” y llamar a una resistencia civil para boicotear la intervención de Madrid.
Tampoco está claro si queda aun margen para frenar la aplicación del artículo 155.
Los socialistas del PSOE, primera fuerza de la oposición que apoya al gobierno en la intervención, consideraron que no cabría “ni jurídica ni políticamente” dar ese paso si Puigdemont convoca elecciones y vuelve a la legalidad. Para el Partido Popular (PP) de Rajoy, por el contrario, ya es demasiado tarde: “Convocar elecciones como treta para evitar el artículo 155 ya no es admisible”.
“Se han dado suficientes oportunidades para cumplir la ley”, dijo Pablo Casado, vicesecretario de organización del PP.
Rajoy, entre tanto, se limitó a defender la aplicación del artículo 155 como “única respuesta posible ante la posición de las instituciones catalanas”, según definió el Congreso de los Diputados en Madrid.
