Mientras el juez de Control N´ 1 Dr. Gastón Mercau inspeccionaba ayer las viviendas de Milagro Sala para una eventual prisión domiciliaria conforme a la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el fiscal Dr. Diego Cussel presentó un pedido de nulidad de dichos registros debido a que no fue notificado de la misma, siendo la parte acusatoria de la causa que tiene a la dirigente social detenida en la Unidad Penal de Mujeres.
Al mismo tiempo, el propio juez advirtió que aún no tomó decisión en torno a la cautelar, admitiendo además que en caso de que mantengan posiciones encontradas con su par Pablo Pullen Llermanos, quien le dictó dos prisiones preventivas, no habrá beneficio de la detención domiciliaria.
Por otro lado, la defensa de Sala consideró que hoy se vence el plazo otorgado por la CIDH para que sea “liberada”, pero para la Justicia es un período para que se informe qué medidas se están tomando al respecto. Además el dictamen de la CIDH es una “recomendación”, no es una obligación, si bien se discute si adquiere el carácter de vinculante.
La primera inspección se realizó alrededor de las 10 de la mañana en una mansión que la dirigente posee en cercanías del dique la Ciénaga, en la ciudad de El Carmen. Luego Mercau se dirigió al domicilio donde residía la dirigente antes de ser encarcelada el 16 de enero del año pasado, ubicado en el barrio Cuyaya, donde se cumplió la segunda inspección alrededor de las 11. Allí lo esperaba Raúl Noro, esposo de la imputada. Noro también está imputado en otras causas, aunque en libertad. La medida tomada por el juez también incluía el pedido a la defensa técnica de que notifique otros posibles domicilios donde Sala pueda eventualmente cumplir la prisión domiciliaria.
“Esto es dentro del contexto de la resolución de la CIDH, que sostiene que hay que modificar las condiciones de detención en el establecimiento penitenciario. Estamos viendo la posibilidad de que se haga una detención domiciliaria eventualmente”, señaló Mercau en diálogo con la prensa. No obstante, aclaró que “todavía no hay ninguna decisión tomada” y que también se están evaluando otras medidas alternativas, entre ellas “una fiscalización electrónica”, tal cual lo solicitado por la CIDH el 28 de julio último.
En torno a la decisión que el magistrado debe tomar, marcó que lo hará “una vez que tenga reunidos todos los informes necesarios”, pero advirtió que de todas maneras también se debe esperar a la decisión del otro juez que mantiene con preventiva a la dirigente, ya que puede expedirse de distinta manera.
Respecto de lo inspeccionado, Mercau sostuvo que se observaron las condiciones para la seguridad en cuanto a la entrada y a la salida, e indicó que las conclusiones serán dadas en el momento de dictarse la resolución, además de que también debe esperar a ver qué es lo que propone la defensa de Sala.
Justamente el abogado de la dirigente, el Dr. Luis Paz sostuvo que propondrán el domicilio de Cuyaya, no así el chalet de los diques porque está abandonado y habría sido objeto de robos.
