La ley, que habilita al Ministerio de  Seguridad y Justicia a señalar a los  sospechosos de cargos de terrorismo  y a quitarles su nacionalidad, fue  puesta en discusión luego de que las  autoridades notaran un creciente aumento del número de ciudadanos holandeses que viajaron a los territorios  de Medio Oriente conquistados por  la milicia Estado Islámico.
Además, se da en medio de una tensa campaña política de cara a las  elecciones legislativas de marzo próximo, en la que el avance de la ultraderecha xenófoba logró cambiarle la  agenda a los partidos políticos mayoritarios, habitualmente más moderados.
La ley no requiere ningún tipo de  prueba concreta de que un individuo  se unió a una organización considerada terrorista por el gobierno o que  tiene la intención de hacerlo. Tampoco requiere una sentencia por un delito cometido, según la agencia de  noticias DPA.
La nueva norma, que ya contaba  con media sanción de la Cámara baja, recibió un fuerte apoyo del Senado, donde el primer ministro Mark  Rutte suele encontrarse con una fuerte oposición, debido a que no cuenta  con la mayoría.