Macri también afirmó que le “ocupa poder informar a todos los organismos sobre lo que está pasando en Jujuy, por eso los hemos invitado” a visitar la provincia.
Por eso, dijo que le pidió al gobernador Gerardo Morales y al Poder Judicial que “informe lo que se ha hecho, y que transmita con claridad y sin segundas intenciones qué es lo que ha sucedido en Jujuy”.
A los múltiples reclamos por el cese del encarcelamiento a la líder de la Tupac Amaru se sumó el viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que urgió al Estado argentino a “dar pronta respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria que califica la detención preventiva de Sala como arbitraria llamando a su liberación inmediata”.
Ante el planteo de la CIDH, integrada por siete expertos independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, que dejó al país en una posición aún más incómoda ante la comunidad internacional, la Cancillería contestó toma “nota” de la opinión.
Dijo también que notificaría “de inmediato su contenido a la Justicia de la provincia de Jujuy para su conocimiento y acción, para que tome la intervención que corresponda”.
La respuesta de Macri llegó ayer al mediodía en la conferencia que brindó al término del “retiro espiritual” que realizó con su gabinete en Chapadmalal. Allí defendió la detención de Sala, presa desde hace casi un año en la cárcel de mujeres jujeña de Alto Comedero.
“A la mayoría de los argentinos nos ha parecido que había una cantidad de delitos importantes que se habían cometido por parte de Milagro Sala, que ameritaban todas esas causas que tiene abiertas”, respondió ante la pregunta acerca del reclamo de la CIDH.
La posición de Macri no difiere de la que fijó en enero pocos días después de que Sala fuera detenida. “Hace mucho tiempo que se hablaba de los abusos de poder de Milagro Sala y violaciones a la ley. Si hay jueces que han decidido que eso que el periodismo comentaba es verdad esto confirma que hay jueces dispuestos a hacer respetar la ley”, declaró entonces.
Los reclamos de los organismos de derechos humanos, que en muchos casos son los mismos que fueron críticos con Venezuela por el encarcelamiento del opositor Leopoldo López, a quien Macri respaldó personalmente, no lo llevaron a cambiar de posición.
El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, también defendió la detención de Sala y consideró que “es discutible” el señalamiento sobre la falta de independencia de la justicia jujeña.
“El sistema judicial y todos los jueces independientes no son un sistema instalado por el gobernador sino que viene de la administración anterior”, señaló.
En diálogo con radio La Red, Avruj reveló que la noche del viernes habló con Morales.
“De la misma manera que (Mauricio) Macri está trabajando en sostener la idea de la justicia independiente, él entiende también que en Jujuy debe funcionar como está funcionando, (de manera) independiente”, defendió al radical socio del Presidente.
Milagro Sala está detenida desde el 16 de enero pasado por instigación al delito, a raíz de un acampe y protesta frente a la sede de la gobernación de Jujuy para protestar contra las políticas de Morales.
A partir de entonces, la justicia jujeña abrió una seguidilla de causas en su contra para mantenerla presa.
El fiscal de Estado, Mariano Miranda, es una pieza clave en ese armado de causas judiciales. Contra todos los reclamos de liberación de Sala, Miranda insistió en reivindicar su detención.
“Está claro que la opinión del Grupo de Trabajo de la ONU, así como la carta del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; y el comunicado de la CIDH tienen un claro contenido político”, afirmó.
Miranda desacreditó también los pedidos de la ONU, la OEA y la CIDH con el argumento de que “no tienen a la vista la totalidad de los expedientes ni el avance de las diferentes causas, de las cuales, en el análisis detallado, surge que Sala cumple en prisión con los estándares sobre derechos humanos”.
Reiteró, además que existe un “riesgo procesal” en caso de que la dirigente social quede en libertad, que está “acreditado por la posibilidad de que puedan presionar a los testigos”.