El dato ‘apremiante‘ es la suba de impuestos que definió el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, hace algunos meses. A partir del 1º de mayo, los impuestos que pesan sobre la venta de cigarrillos alcanzan el 80% del precio que paga el consumidor, cuando antes ese total era de casi el 70% del valor de venta del producto.
Los referentes del sindicato avizoran ‘una secuencia de deterioro sin solución de continuidad‘ en el caso de no mediar decisiones del Gobierno. ‘Hay puestos de trabajo en extremo riesgo‘, subrayaron.
Y explican que toda la actividad vinculada al tabaco da sustento a 1.000.000 de personas, comenzando por los colonos que siembran las plantas hasta los kioscos.
Se trata de un mercado con intenso flujo de capital, además de que representa una altísima recaudación vía AFIP. Todo un fenómeno paralelo a la saludable tendencia mundial que propone alejarse del hábito de fumar y acercarse a la salud, criterio compartido por el gremio y ampliamente difundido por sus representantes.
A la vista de las empresas y de SUETRA (Sindicato Único de Trabajadores del Tabaco), el 30% en la merma de producción y la baja del 20% en ventas no se debió a un menor consumo. ‘Todo lo contrario sucede con el incremento del impuesto de este año‘ ya había denunciado en mayo Raúl Quiñones, titular del SUETRA, cuando entró en vigencia la medida.
El gremio denuncia que la demanda de los fumadores fue canalizada hacia la compra de cigarrillos truchos y los contrabandeados. Para perjuicio de las provincias tabacaleras del país, hay un bombardeo cotidiano desde la triple frontera, con Paraguay como motor de la venta ilegal.
‘Hoy el 20% de la caída en las ventas se desvió a la compra de cigarrillos de contrabando‘, remarcó Antonio Makarchuk, secretario general del SUETRA en Misiones. ‘La voracidad impositiva de la AFIP no se condice con una energía similar para el control del contrabando y la venta de cigarrillos truchos‘, opinó el misionero.
Hace unos meses, la principal tabacalera del país Massalin Particulares comunicó que debido a la suba de impuestos decidió cerrar su planta de compra y acopio ubicada en la localidad tucumana de La Cocha, como también efectuar reducciones de personal en las plantas de producción de Goya (Corrientes) y Merlo (provincia de Buenos Aires).
Tanto Quiñones como el Makarchuk indicaron que hace algunos días lograron ‘sentarse, y no mucho más‘, con las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación, que encabeza Jorge Triaca. ‘Tienen que entender que otro ministerio (Hacienda, a cargo de Alfonso Prat Gay) tomó una decisión equivocada‘, explicó Quiñones.
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