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“Nuestra postura fue siempre la misma que es el respeto al proceso institucional de Brasil, y creemos que las instituciones están funcionando”, enfatizó Peña.
En conferencia de prensa desde Casa Rosada, el funcionario precisó que la Cancillería va “monitoreando” con las autoridades de Brasil el avance de la situación, y puntualizó que Macri se comunicó “este fin de semana” con Rousseff, sin revelar detalles de lo conversado.
“Seguimos el tema con mucho interés, porque Brasil es nuestro principal aliado estratégico, vecino y amigo”, manifestó Peña, quien de todos modos aclaró que “las instituciones están funcionando” en el vecino país, donde la propia Rousseff denunció un “golpe de Estado” contra su persona, en el que mencionó al vicepresidente Michel Temer.
En ese marco, advirtió que “cada uno tendrá su opinión política”, pero el gobierno nacional tiene “un profundo respeto por la independencia y la autonomía del proceso político en Brasil”, en donde ahora el Senado debe analizar la acusación de que la mandataria brasileña violó normas fiscales, con el presunto objetivo de maquillar el déficit presupuestal.
Por su parte, el ex gobernador de Córdoba y embajador de Brasil durante el menemismo José Manuel de la Sota destacó que “preocupa la inestabilidad duradera en Brasil” ya que “afecta a todo el Mercosur”.
“Preocupa la inestabilidad institucional duradera en Brasil. Afecta a todo el Mercosur. Crisis política + crisis económica = un mal futuro”, publicó de la Sota en la red social Twitter.
En tanto, el secretario general de la UNASUR, el ex presidente de Colombia Ernesto Samper Pizano, afirmó el lunes que la decisión de la Cámara de Diputados de Brasil “constituye un motivo de seria preocupación para la región”.
“La elección democrática y mayoritaria de Dilma Rousseff como Presidenta Constitucional no puede ser derogada en un juicio político por una mayoría parlamentaria a menos que exista una prueba que la vincule de manera directa y dolosa con la Comisión de un delito común, hecho que hasta el momento no ha sucedido”, señaló en un comunicado.
En ese sentido, agregó: “Confiamos en que el Senado de la República actuando en conciencia como juez y después de evaluar la firmeza y pertinencia legal de las pruebas aportadas detenga este proceso que puede llegar a afectar seriamente la democracia regional y la seguridad jurídica hemisférica”.
En sintonía, la canciller Susana Malcorra afirmó el pasado viernes que siguen el tema “de cerca, con muchísimo interés y preocupación” porque “nuestra interdependencia es enorme, el interés no es sólo político, sino también económico”.
“Tanto el Mercosur como la región más grande (por la Unasur y la Celac) estará allí para ver si en algo se puede contribuir en caso de que se vea que algo no fluye dentro de la normalidad”, señaló en declaraciones a FM Blue.
El pasado domingo, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó con 367 votos a favor, 137 en contra, siete abstenciones y dos ausente la apertura del juicio político contra Rousseff, y ahora será el Senado quien decida el futuro de la presidenta del país vecino.
La Cámara Alta tiene plazo hasta el 11 de mayo para expedirse y, en caso de aceptar por mayoría simple la recomendación de Diputados, Rousseff quedará suspendida por 180 días.
El vicepresidente Temer, que pasó a la oposición, quedará mientras tanto a cargo del Planalto en tanto se sustancia el juicio que decidirá si la mandataria es considerada culpable y destituida de su cargo. Para eso, los senadores necesitarán dos tercios.
