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IGLESIA VENEZOLANA RECHAZÓ LA ELECCIÓN PARLAMENTARIA
Caracas - Acusado de "narcoterrorismo" por Estados Unidos y con su legitimidad en tela de juicio, el presidente venezolano Nicolás Maduro se encamina a consolidar su poder con unos cuestionados comicios para retomar el control del Parlamento.
"Acepto el reto (...). ¡Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy!", exclamó un confiado Maduro entre vítores de jóvenes seguidores durante un acto partidista para estas elecciones, en las que sus principales detractores se negaron a participar además de la proscripción de los principales candidatos por parte de una junta electoral afín del chavismo.
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Este corpulento exchofer de bus de 58 años, con negro bigote, ha sido tildado de dictador y vinculado por sus rivales con posibles crímenes de "lesa humanidad". En 2013 recibió el peso de reemplazar al fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y fue reelecto en mayo de 2018 en elecciones cuestionadas por la oposición y parte de la comunidad internacional. Ahora, Maduro tiene el camino libre para hacerse con el Legislativo, único poder en manos opositoras desde 2016, ante el boicot anunciado por la oposición mayoritaria encabezada por Juan Guaidó, jefe parlamentario reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países.
Pese a críticas de Estados Unidos y la Unión Europea, Maduro "siguió adelante con su plan y va a obtener el triunfo mayoritario" en las parlamentarias sacando del juego a Guaidó, apunta el politólogo Jesús Castillo. Su rechazo, sin embargo, supera el 80%, acota el analista. El exsindicalista ejerce el control territorial e institucional, contando con la "lealtad" de la Fuerza Armada, considerada su principal sostén, y el apoyo de aliados como Cuba, Rusia, China, Turquía e Irán.
En paralelo, resiste la arremetida de la Unión Europea y Washington, que lidera la presión internacional en su contra buscando forzar su salida con medidas punitivas, incluida una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura tras acusarlo de "narcoterrorismo".
Protagoniza una debacle económica que ha impulsado el éxodo de 5 millones de venezolanos desde finales de 2015, según la ONU, en momentos en que el país transita hacia su séptimo año consecutivo de recesión y sufre la inflación más alta del mundo. No obstante, se dice víctima de una "guerra económica" y constantemente denuncia planes golpistas.
Desde agosto de 2017 gobierna con una Asamblea Constituyente de poder absoluto que sustituyó en la práctica al Legislativo, adelantó las presidenciales y cambió las reglas electorales. Bajo su presidencia, Venezuela vivió además protestas con unos 200 muertos entre denuncias de represión.
Para graficar la sospecha de ilegitimidad de la elección de hoy, ayer sábado, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) emitió un comunicado en el que reitera su rechazo al evento electoral a realizarse hoy e hizo un llamado a los actores políticos a hacer esfuerzos para restablecer los derechos democráticos de la nación.
"Ratificamos lo que anteriormente señaláramos, al decir que 'el evento electoral convocado para el próximo 6 de diciembre, lejos de contribuir a la solución democrática de la situación política que hoy vivimos, tiende a agravarla y no ayudará a resolver los verdaderos problemas del pueblo", expresó la cúpula de la Iglesia Católica venezolana en el documento difundido.
En el texto, las autoridades eclesiásticas señalan que son necesarias e importantes todas las iniciativas, "como la consulta popular propuesta en la línea del artículo 70 de la Constitución Nacional", actividad que impulsa el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. En opinión de la CEV, el pueblo tiene pleno derecho a expresarse por los legítimos canales garantizados por la Constitución, expresando su opinión como auténtico sujeto social.
El episcopado venezolano invitó a los venezolanos a tener un serio discernimiento que conduzca a la búsqueda de una solución justa, pacífica, democrática y acordada entre todos; esto, ante los riesgos de imposición de un proyecto para implantar el "plan de la patria" y el "estado comunal".
