Jueces del Alto Tribunal congelan debate del amparo por el recorte

Buenos Aires - La Corte Suprema de Justicia decidió frenar el análisis del reclamo de la Ciudad de Buenos Aires para que el gobierno nacional le restituya fondos por coparticipación que le sacó mediante un decreto, hasta tanto no exista una sanción definitiva en el Congreso a la ley debatida antenoche en Diputados, que ahora regresa al Senado.

Así lo dijeron fuentes judiciales y otras de fuera del Palacio de Justicia que siguen paso a paso el camino judicial del reclamo de la Ciudad.

Los jueces de la Corte mantuvieron ayer una reunión donde debatieron los casos mas calientes que pueden tener una resolución. Ya había comenzado a circular el expediente entre las vocalías y los jueces habían empezado a charlar sobre el tema. No con la idea de una sentencia inminente pero al menos para ir analizando las diversas posiciones. En paralelo se analizaba en la Corte la ejecución de una sentencia en un caso donde le dieron la razón a la provincia de San Luis para recuperar 20.000 millones de pesos. Pero en la reunión de ayer hubo consenso para esperar que el Congreso debata una ley la apruebe y eventualmente el derrotero de la negociación política que establece la iniciativa.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta presentó un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia en septiembre pasado para revertir la quita de fondos por la coparticipación federal dispuesta por el presidente Alberto Fernández por decreto para pagar un aumento a los policías bonaerenses que estaban en huelga. Buscaba evitar que se siga ejecutado el descuento de 150 millones de pesos de diarios que implica la decisión presidencial. Pero la Corte se tomó un tiempo para examinar el caso.

Ahora el asunto se agravó porque ese recorte podría seguir profundizándose por ley. La Cámara de Diputados aprobó ayer y reenvió al Senado una iniciativa que propone que la Nación y la Ciudad abran una instancia de negociación de 60 días para avanzar en un convenio que defina el monto de la transferencia anual para solventar el traspaso de la policía a la Capital.

Es decir, se elimina del articulado la cifra de 24.500 millones anuales que fijaba la iniciativa original, actualizables con un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20% por el índice de precios al consumidor (IPC), correspondientes al año precedente. Asimismo, propone que en la negociación intervenga la Comisión Federal de Impuestos (CFI).

Que la ley que se debate en el Congreso establezca un ámbito de negociación política es un dato que fue leído en la Corte. Lo que la política puede arreglar no precisaría de una solución judicial, que ha sido una doctrina mantenida por el tribunal.

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