"No me van a callar": Cristina Guzmán denunció que intentan silenciarla

POR EXIGIR TRANSPARENCIA EN CANNAVA

La dirigente opositora recibió una carta documento del presidente de la empresa estatal tras denunciar la falta de habilitaciones en Palpalá y cuestionar los recursos públicos. Lejos de amedrentarse, atribuyó la responsabilidad política a Carlos Sadir y Gerardo Morales. El reclamo se suma al ultimátum de los concejales palpaleños y a las denuncias de Alejandra Cejas por los 100 millones de dólares sin rendir.

En un claro intento por sofocar el creciente cuestionamiento público e institucional sobre el funcionamiento de la empresa estatal CANNAVA S.E., la conducción de la firma apeló a la vía de la intimación legal para intentar acallar las voces críticas. La dirigente opositora María Cristina Guzmán del Movimiento Popular Jujeño hizo pública la recepción de una carta documento enviada por el presidente de la empresa, Ignacio Bruera, intimándola a rectificarse de sus recientes declaraciones periodísticas y a abstenerse de reiterar sus denuncias.

Sin embargo, la maniobra de amedrentamiento judicial lejos estuvo de lograr su objetivo. Guzmán contestó la intimación de forma inmediata y ratificó cada uno de sus dichos, advirtiendo que los intentos de silenciarla solo confirman la gravedad e incertidumbre que rodea a la gestión del cannabis en la provincia.

DENUNCIAS

La embestida legal de las autoridades de CANNAVA se produce tras las reiteradas advertencias presentadas por Guzmán respecto a las irregularidades que operan en Finca El Remate (Palpalá), espacio al que denominó la "Cannava 2". Allí, el Gobierno provincial avanzó con la instalación de cinco naves de cultivo de gran envergadura para albergar cerca de dos millones de semillas, sin exhibir resoluciones públicas ni autorizaciones oficiales de organismos nacionales que respalden las actividades en dicho predio.

Para la dirigente, la opacidad con la que se maneja la Finca El Remate contrasta de manera inexplicable con el predio de Finca El Pongo, donde la provincia ya cuenta con 260 hectáreas aprobadas de las cuales solo utiliza cerca de 35.

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