ULTIMO MOMENTO:
EL PERONISMO PRIVATIZADOR, AHORA RENIEGA DE SU PASADO
La senadora Carolina Moisés y su sector Arriba Jujuy, presentaron un amparo precautorio con medida cautelar de no innovar en el ámbito judicial para frenar la eventual aplicación de la Ley Provincial 6468, que significó el adecuamiento a una norma nacional. Según expresaron, la ley habilita al Poder Ejecutivo a privatizar de manera parcial o total las empresas estatales de la provincia.
En su momento, el diputado provincial Adriano Morone, negó que la ley 6.468, de "Reestructuración jurídica Facultativa de las Sociedades del Estado de la provincia de Jujuy", sancionada en la Legislatura implique la privatización de las empresas que actualmente administra el estado local. Remarcó a la vez que la mencionada norma conlleva la adecuación a la normativa nacional, particularmente la ley bases.
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Sin embargo, la senadora Carolina Moisés afirmó que "esta ley es absolutamente inconstitucional", porque los diputados provinciales le entregaron al Poder Ejecutivo, facultades que son indelegables y exclusivas de la Legislatura. Con un simple voto, pusieron en riesgo el patrimonio de todos los jujeños y jujeñas", señaló.
La legisladora remarcó que la norma abre la puerta a la privatización de empresas estratégicas tales como: Banco de Desarrollo de Jujuy S.E., Agua Potable de Jujuy S.E., Cauchari Solar I S.A.U, Cauchari Solar II S.A.U, Cauchari Solar III S.A.U, Jujuy Solar S.A., Jujuy Litio S.A.P.E.M., Cannabis Avatara S.E., GIRSU Jujuy S.E., Jujuy Digital S.A.P.E.M., Jujuy Hidrocarburos S.A.U., Zona Franca S.A.P.E.M.
"Son empresas que pertenecen al pueblo de Jujuy, que se construyeron con recursos de la provincia y que hoy están bajo amenaza de ser entregadas a intereses privados sin información, sin debate y sin transparencia", advirtió la legisladora oriunda de San Pedro.
Cabe señalar que varias de esas empresas públicas fueron creadas por las últimas gestiones radicales, a excepción de Agua Potable o Banco de Desarrollo (ex Banco de Acción Social), impulsando el cambio de matriz productiva en Jujuy. Por el contrario, el peronismo que gobernó la provincia -y del cual los denunciantes fueron partes- hasta diciembre de 2015, privatizó el exBanco Provincia y la exDirección de Energía, y nunca cumplió el pago de la PPP a los exempleados, dejando esa pesada herencia financiera al actual gobierno provincial.
Después de la sanción de la norma provincial, desde el Gobierno no se ha manifestado públicamente que haya intención de avanzar en una privatización ni hay medida en curso, por eso es insólito que se presente una acción de amparo ante algo abstracto, salvo que impugnen la ley propiamente dicha. Además, en palabras de Moisés, hay un reconocimiento implícito a los grandes proyectos que impulsaron los gobiernos no peronistas de Gerardo Morales y Carlos Sadir.
