Defensoría del Pueblo adhiere a reclamo por políticas regresivas en discapacidad

La Defensoría del Pueblo del Pueblo de Jujuy adhirió al comunicado de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA). Desde la Defensoría de Jujuy pusieron en relieve que entre las principales observaciones, ADPRA advierte que el Decreto N° 843/2024 "representa un serio retroceso en el enfoque de atención que el Estado debe brindar a uno de los colectivos más vulnerables", al establecer criterios que perpetúan la dependencia, refuerzan la lógica médico-rehabilitadora y vulneran lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Señalaron que condicionar el acceso a beneficios "a la inexistencia de parientes obligados a prestar alimentos, sin considerar el contexto real de abandono o imposibilidad de cuidado", contradice el principio de No Regresividad. También cuestiona la eliminación de la compatibilidad entre pensiones y empleos de baja remuneración, lo que "atenta contra la inclusión laboral y refuerza la dependencia económica".

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Además resaltó con preocupación la Disposición N° 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por el uso de terminología ofensiva y estigmatizante (posteriormente corregida) y por mantener una lógica que reduce la discapacidad a una cuestión médica, sin considerar barreras sociales ni brindar apoyos adecuados.

Indicaron que otro eje central del pronunciamiento se refiere "a las auditorías masivas iniciadas por la ANDIS". "Se han detectado fallas en los mecanismos de notificación, envío de cartas documento sin información suficiente, citaciones a lugares inexistentes o a grandes distancias, falta de claridad, ausencia de accesibilidad y sin garantizar el derecho a la defensa", observaron.

Expresaron que "la falta de presencia territorial del Estado Nacional agrava esta situación y constituye una negación de derechos por omisión". También reclaman la reactivación urgente del sistema del Certificado Médico Digital, "cuya inaccesibilidad tecnológica, especialmente en zonas del interior, está generando una parálisis total en los trámites y gestiones", advirtieron.

Destacaron que "las Defensorías del Pueblo remarcaron el impacto de estas políticas sobre niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que enfrentan una doble condición de vulnerabilidad" y exigen la adopción de "medidas reforzadas para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, contemplando la interseccionalidad entre ambas condiciones".

El documento finaliza con un llamado firme al Estado Nacional y a la Agencia Nacional de Discapacidad, a revertir estas políticas "y a garantizar procesos respetuosos, accesibles y acordes a los tratados internacionales de derechos humanos vigentes".