Nación desistió de cuestionar la reforma constitucional de Jujuy

El planteo había sido impulsado por el kirchnerismo. Tras la decisión de Milei, la Corte cerrará la causa y se convalidará todo lo actuado por convencionales

Buenos Aires - El gobierno de Javier Milei desistió de un recurso ante la Corte Suprema contra la reforma de la Constitución de Jujuy que había impulsado el exgobernador Gerardo Morales. El recurso pedía declarar inconstitucional los cambios en la carta magna provincial.

De esta forma, una vez que la Corte acepte formalmente la desestimación quedará convalidada la reforma de la Constitución Jujuy que sectores del kirchnerismo y la izquierda habían impugnado.

El entonces ministro de Justicia, Martín Soria, presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir que se declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de Jujuy.

Como antecedente al desistimiento, la Corte ya se había declarado incompetente en dos casos que involucran la reforma constitucional de la provincia de Jujuy, al considerar que no corresponden a los temas de su competencia originaria. En ese momento, se resolvió remitir el caso a la Corte Suprema de Jujuy por entender que el caso no era competencia originaria.

La administración de Alberto y Cristina Fernández buscaba que la Corte declare como inconstitucionales algunos artículos del texto sancionado por la Convención Constituyente jujeña, al considerar que "vulneran los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad junto con la Carta Magna; así como con el Convenio 169 de la OIT".

El kirchnerismo planteaba la "gravedad institucional" generada por la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, ya que "está en juego el orden institucional de la república y el sistema democrático, así como los valores que lo sustentan".

La demanda gubernamental afirmaba que se "sentaba las bases para la sanción de un reglamento represivo -por parte del gobierno de turno- que limite los derechos de reunión, protesta y huelga, contemplados en la Constitución. Sin embargo, nada de eso establecía el texto constitucional aprobado en Jujuy" explicó en su momento Gerardo Morales.

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