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En Argentina, Stericycle tuvo operaciones societarias con los hermanos Gustavo Gabriel y Fernando Javier Mauro y con Gustavo Osvaldo Solari.
Buenos Aires, 5 de noviembre (NA) -- Stericycle acordó pagar más de US$56 millones en Estados Unidos para resolver investigaciones penales y civiles por fallas en el manejo de sustancias controladas destinadas a destrucción. El caso, anunciado en mayo de 2026, documentó instalaciones sin registro, medidas de seguridad deficientes y omisiones en la notificación de robos y pérdidas.
Se trata de un expediente diferente del esquema de sobornos latinoamericanos reconocido por la compañía en 2022. Las conductas examinadas ocurrieron entre 2015 y 2020 y estaban relacionadas con medicamentos recogidos de hospitales, farmacias y otros establecimientos sanitarios.
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En Argentina, Stericycle tuvo operaciones societarias con los hermanos Gustavo Gabriel y Fernando Javier Mauro y con Gustavo Osvaldo Solari. Los empresarios vendieron TRI-ECO al grupo en 2013 y, siete años después, adquirieron conjuntamente el 90% de MEDAM B.A. S.R.L., según los antecedentes societarios reconstruidos en esta serie.
Ese recorrido constituye la conexión empresarial con el capítulo argentino. El acuerdo anunciado en mayo corresponde, en cambio, al manejo de sustancias controladas en Estados Unidos y no atribuye participación a los Mauro ni a Solari.
La Fiscalía Federal del Distrito Este de California informó una penalidad de US$19,08 millones y un acuerdo civil por US$37,81 millones. La resolución penal incluyó un acuerdo de enjuiciamiento diferido de un año.
MEDICAMENTOS BAJO CUSTODIA Stericycle estaba registrada ante la agencia antidrogas estadounidense, DEA, para recibir sustancias controladas no utilizadas, inutilizables o vencidas y gestionar su destrucción. Esa actividad exigía registros, medidas de seguridad y avisos sobre robos o pérdidas significativas.
Según las admisiones de la empresa reseñadas por la fiscalía, la compañía utilizó instalaciones de almacenamiento temporal que no estaban registradas ante la DEA y, por lo tanto, quedaban fuera de sus inspecciones regulares.
En algunos lugares, los medicamentos permanecían en remolques sin llave dentro de predios cercados. También había cámaras de seguridad que no funcionaban.
La fiscalía sostuvo que Stericycle omitió presentar notificaciones obligatorias sobre robos y pérdidas significativas. En cuatro ocasiones, la empresa ofreció justificaciones para no completar los formularios correspondientes, las cuales, según las autoridades, carecían de respaldo en la normativa federal.
PAQUETES QUE NO PODÍAN RASTREARSE El caso también expuso una falla de trazabilidad. Varios gerentes y ejecutivos conocían que la empresa no contaba con un sistema confiable para seguir los paquetes durante el transporte ni para auditar los recibidos en Indianápolis, de acuerdo con el anuncio oficial.
Las autoridades señalaron que esas deficiencias generaban oportunidades para el desvío de medicamentos. La DEA informó que hubo sustancias robadas, consumidas o desviadas hacia la comunidad.
El acuerdo civil describe además el uso de documentos internos para registrar dónde probablemente habían sido procesados determinados paquetes cuando la compañía no podía confirmar su recepción y destrucción.
La resolución obliga a Stericycle a continuar cooperando en investigaciones relacionadas con esas conductas y a reforzar sus mecanismos de cumplimiento, capacitación, supervisión e investigación interna. El acuerdo no libera de responsabilidad penal a personas individuales.
UN NEGOCIO VENDIDO EN 2020 Entre los factores considerados para alcanzar la resolución, la fiscalía mencionó que Stericycle vendió en abril de 2020 la unidad de negocio involucrada a una empresa no vinculada, que posteriormente adecuó la actividad a las exigencias regulatorias.
También tuvo en cuenta la aceptación de responsabilidad y las mejoras en los controles de la compañía.
El expediente incorpora un antecedente específico al debate sobre el negocio de los residuos: la diferencia entre retirar materiales de un establecimiento sanitario y poder acreditar su recepción, custodia y destrucción.
Los reguladores comenzaron a estar en estado de alerta dado que el próximo año habrá elecciones y en varios estados, provincias y municipios se definen nuevos contratos, por lo que llaman la atención sobre futuros oferentes.
Agencia NA
FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS
