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El municipio acusó penalmente a dos ediles que alertaron sobre una presunta contaminación, pero admitió que los informes remitidos al EPRAC no están disponibles en forma pública.
Buenos Aires, 19 septiembre (NA) – La Municipalidad de Puerto Piray presentó una denuncia penal contra dos concejales opositores que difundieron cuestionamientos sobre la calidad del agua, en medio de reclamos vecinales por cortes, problemas en una cisterna y cuadros gastrointestinales, mientras los informes oficiales utilizados para sostener que el suministro es apto para consumo humano permanecen fuera del acceso público directo.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la presentación alcanzó a Adrián Duarte y Elizabeth Mercado, integrantes de Juntos Podemos, y fue encuadrada por el abogado municipal Daniel Moschner en la figura de intimidación pública prevista en el artículo 211 del Código Penal. La denuncia quedó radicada en la comisaría local y fue girada a la Fiscalía de Puerto Rico.
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El conflicto se agravó después de que los ediles difundieran publicaciones en las que vincularon el agua de los barrios San José y Las Marías con una posible contaminación fecal. Esas afirmaciones constituyen la posición de los denunciados y no una conclusión sanitaria firme.
Vecinos de la zona también habían asociado episodios de gastroenteritis con el servicio, aunque hasta el momento no se difundió un estudio epidemiológico que demostrara una relación causal.
La respuesta oficial se apoyó en muestras tomadas el 7 de septiembre y analizadas en laboratorios de la Universidad Nacional de Misiones. Moschner aseguró que los resultados determinaron que el agua era apta para consumo humano y sostuvo que la documentación técnica fue enviada al Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas, organismo encargado del control del servicio.
Sin embargo, el propio representante de la comuna reconoció que esos reportes no fueron publicados en los canales institucionales.
Los habitantes que quieran conocerlos deben presentar una nota y pedir acceso, un mecanismo que deja la información sanitaria detrás de un trámite individual mientras el municipio utiliza sus conclusiones para fundamentar una acusación penal contra representantes electos.
La controversia no surgió de un episodio aislado. Durante los tres meses anteriores se rompió en tres oportunidades la bomba que impulsa agua desde el río Paraná hasta la cisterna del barrio San José. Las fallas provocaron interrupciones del servicio y profundizaron la desconfianza de los usuarios. También circularon imágenes del interior del depósito con sedimentos y residuos; la comuna informó que la estructura fue limpiada y volvió a cargarse.
El municipio rechazó además la afirmación de que el problema hubiera afectado al 70 por ciento de la población, pero admitió que la explicación oficial demoró en llegar. La falta de una comunicación inmediata permitió que convivieran versiones contradictorias sobre las condiciones del sistema y trasladó una discusión de salud pública al terreno penal.
La disputa se inscribe, además, en una relación política deteriorada entre la administración municipal y los dos concejales. Los ediles habían impulsado previamente otra presentación vinculada con la compra de dos camiones para la comuna. Ese antecedente no prueba por sí solo una represalia, pero integra el contexto en el que se produjo la nueva denuncia y obliga a diferenciar la confrontación partidaria de la evaluación técnica del agua.
La calidad del suministro exige datos verificables y trazables: identificación del punto de extracción, fecha y método de toma, parámetros analizados, valores obtenidos y límites reglamentarios. La afirmación general de que el agua es potable no permite por sí sola reconstruir ese proceso, del mismo modo que los síntomas informados por vecinos no alcanzan para acreditar una contaminación sin respaldo de laboratorio y evaluación sanitaria.
Agencia NA
FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS
