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En el Gobierno están a favor de la presencia de las Fuerzas Armadas en las rutas.
Buenos Aires, 3 septiembre (NA) — A 18 días de que expire el estado de excepción en Bolivia tras 53 días de bloqueos entre mayo y junio de este año, sectores sociales manifestaron su rechazo a la ampliación de la medida impuesta por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, la cual incluye el despliegue militar en carreteras.
La discusión ocurre cuando todavía persisten problemas que estuvieron en el origen de las movilizaciones, como el desabastecimiento de combustibles, las largas filas para acceder al diésel, la escasez y encarecimiento del dólar y el rechazo al Decreto Supremo 5676 que modificó el régimen al esquema de subsidios energéticos para grandes consumidores.
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El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, fue quien puso sobre la mesa la posibilidad de prolongar el estado de excepción, constató la Agencia Noticias Argentinas.
Justiniano aclaró que todavía no existe una decisión definitiva; sin embargo, sostuvo que existe una tendencia dentro del Gobierno favorable a mantener la medida extraordinaria porque, en su criterio, permitió recuperar la normalidad después de los bloqueos que generaron pérdidas millonarias para el país.
“Creo que deberíamos nosotros estar en una situación de estado de excepción, porque ha generado realmente una tranquilidad a la población”, afirmó el ministro de Defensa a periodistas.
FUNCIONARIO DEFIENDE LA PRESENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LAS RUTAS A su juicio, la presencia de las Fuerzas Armadas tuvo un efecto disuasorio y fue bien recibida por una población que busca recuperar la circulación y la actividad económica.
“Yo creo que la gente está curada (cansada) de los bloqueos. Yo creo que la gente está contenta de estar en un estado de normalidad, de circulación y que se pueda trabajar”, señaló.
El estado de excepción fue decretado el 20 de junio por el presidente Paz Pereira tras una prolongada ola de marchas y bloqueos convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), dirigentes campesinos y otros sectores.
La medida tiene una vigencia de 90 días y su plazo concluirá el 20 de septiembre.
El mecanismo constituye una herramienta constitucional extraordinaria para enfrentar situaciones graves de orden público y permite al Ejecutivo movilizar de manera temporal a las Fuerzas Armadas.
También incluye restricciones focalizadas, entre ellas a la libre circulación, con el propósito de restablecer el orden y garantizar el abastecimiento, aunque mantiene vigentes las garantías fundamentales.
Una eventual ampliación, sin embargo, no depende únicamente de la voluntad del Poder Ejecutivo.
Requeriría el respaldo de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el oficialismo no tiene la mayoría por la ruptura de la alianza con Unidad, convirtiendo el debate en un asunto político de primera magnitud.
LA POSTURA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES La lectura oficial contrasta frontalmente con la de las organizaciones sociales.
El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Hilarión Medrano, rechazó este miércoles cualquier eventual ampliación y reclamó al Gobierno que concentre sus esfuerzos en resolver el desabastecimiento de combustibles.
La organización anunció un ampliado nacional para analizar el malestar de sus bases y definir medidas frente a la crisis que atraviesa el país.
Medrano consideró que prolongar el estado de excepción no significa necesariamente el fin del conflicto social.
EN LA COB, EL RECHAZO TAMBIÉN TOMÓ FUERZA El máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, cuestionó el martes una posible prórroga y vinculó el debate con la situación económica y las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
“Sería muy irresponsable, no podemos vivir en dictadura en un país democrático”, declaró al referirse a la posibilidad de prolongar el estado de excepción. Argollo también rechazó el Decreto Supremo 5676, una disposición que ha provocado resistencia entre sectores agroproductivos, transportistas, mineros y gremiales.
Para el dirigente obrero, sus efectos repercuten sobre la economía de los hogares.
Desde el Trópico de Cochabamba, el dirigente cocalero e intercultural Aquilardo Caricari se sumó al rechazo, al cuestionar cualquier decisión que pueda derivar en represión y defendió el derecho de la población a protestar contra políticas que considere perjudiciales.
También aseguró que no teme una eventual persecución política, según Xinhua.
Pese al estado de excepción vigente en el país, productores agrícolas y pobladores de cuatro municipios de Bolivia instalaron la madrugada de este miércoles bloqueos en carreteras estratégicas de Santa Cruz (oriente) y sus conexiones con Beni (centro-norte) y Cochabamba (centro) en rechazo al Decreto Supremo 5676.
Agencia NA
FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS
