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La legisladora nacional de la UCR presentó un proyecto de ley para endurecer las penas por delitos viales. Lo explica en una entrevista exclusiva.
Buenos Aires, 23 de agosto (NA) -- La diputada nacional por Mendoza, Pamela Verasay, de la Unión Cívica Radical (UCR), presentó un proyecto de ley junto a su colega Lisandro Nieri para endurecer las penas de los delitos viales, no solo para castigar con mayor justicia a quienes los cometen, sino también para desalentar a quienes hoy los cometen porque saben que las consecuencias son casi irrelevantes.
Cada año, en Argentina mueren unas 4.000 personas como consecuencia de accidentes viales. Según datos del Observatorio Vial de la Secretaría de Transporte, durante el primer semestre del año el número de fallecidos llegó a 1.938, lo que pone a 2026 dentro del promedio. Son casi 11 personas por día.
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Un 52% de las víctimas muere en las rutas del país (nacionales y provinciales), mientras que solo un 26% lo hace en calles y un 16% en las avenidas. La mayoría (un 54%) muere de noche y en colisiones (56%). El 78% son hombres; el 44% tiene entre 15 y 34 años. El 48% son motociclistas.
Pero hay un dato que no figura en el informe oficial: la cantidad de estas muertes que fueron provocadas por la comisión de un delito. Conductores alcoholizados o bajo efectos de drogas. Conductores que huyen y abandonan a las víctimas. Conductores que imprudentemente superan los límites de velocidad o manejan de forma temeraria.
Asociaciones como Luchemos por la Vida sí han intentado cuantificarlo y el dato es preocupante: una de cada cuatro o cinco muertes incluye un resultado de alcoholemia positivo (entre el 20% y el 25%); y el exceso de velocidad interviene en el 40% a 50% de los casos.
Como si el panorama no fuera suficientemente complejo, a esto se suma que quienes matan al volante estando “borrachos” o corriendo una “picada” no tienen luego una pena proporcional, son excarcelados casi de manera inmediata, en general no se los inhabilita para seguir manejando y, además, muchas veces los procesos son tan largos y burocráticos que las causas finalmente prescriben.
En una entrevista exclusiva con la Agencia Noticias Argentinas, Verasay ofrece un diagnóstico del estado actual de la legislación y de la actuación de los jueces, y cuenta en detalle los cambios que proponen con esta reforma del Código Penal.
¿Qué diagnóstico hace del actual estado de las leyes en relación a los delitos viales, y especialmente en lo que se refiere a conductores que manejan alcoholizados? - El problema es claro, las leyes se quedaron viejas. Hay gente que se sube al auto alcoholizada y mata, o que mata y se da a la fuga para no hacerse el test de alcoholemia, y después solo le dan una pena en suspenso. Con el alcohol pasa algo peor: hoy no es delito manejar alcoholizado hasta que se produce una tragedia. Esperar a que muera alguien para actuar ya es tarde, y el reproche penal es insuficiente y desproporcionado frente a la dimensión del daño producido en las víctimas. Tenemos que cambiar el concepto, dejar de hablar de “accidentes de tránsito” para comenzar a calificarlos como lo que son: delitos viales.
¿Cree que se trata solamente de un problema de leyes o también hay jueces que son demasiado flexibles en el tratamiento de los conductores? - No creo que sea justo meter a todos en la misma bolsa, pero sí hay un problema de criterio en la Justicia. Algunos juzgados aplican las penas con mucha flexibilidad: ves sentencias que son prácticamente simbólicas. Y del otro lado tenés familias enteras destruidas. Y después está el tema de las condenas en suspenso, que en homicidio vial se usan demasiado. El sistema actual no le da a la Justicia las herramientas para responder adecuadamente. Los jueces están limitados por lo que la ley les permite. Con este proyecto les estamos dando un marco donde pueden ser más coherentes y proporcionales. El caso de Alan Villouta, en Mendoza —que hoy nos interpela y lastima— es un ejemplo: condena confirmada, pero después prescribió por demoras en los procesos irracionales. Eso es insólito. Con esta reforma, la Justicia va a tener instrumentos para evitar que eso vuelva a suceder.
¿Qué es lo que propone el proyecto que impulsa? Básicamente tres cosas. Primero, endurecemos las penas para homicidio vial, pasando de 3 a 5 años en el delito básico, y de 4 a 10, si hay circunstancias agravantes. Para lesiones graves, de 2 a 6 años.
Segundo, creamos un delito específico de conducción con alcoholemia, para que se pueda sancionar a alguien que conduce alcoholizado antes de que mate a un tercero. Y tercero, arreglamos un vacío procesal con la prescripción, que se reinicie cuando se confirma una condena en una instancia superior. No es que estemos inventando nada nuevo. Otros países ya lo hacen así.
Para resumirlo, ¿qué pena le cabría, si se aprobara, a un conductor que maneja alcoholizado y mata a alguien? - Si alguien maneja borracho entra en la figura agravada. Con el proyecto establecemos que le podrían corresponder entre 4 y 10 años de prisión más inhabilitación de 8 a 12 años. Y sin condena condicional, prisión efectiva. Es muy distinto a lo que hay hoy.
¿Cree que más allá del proyecto en cuestión debería haber más campañas de prevención? - Por supuesto que hay que seguir con campañas. Con la ley sola no alcanza. Y, si hablamos de ley penal, tenemos que tener en claro que estamos hablando de la “última ratio”, o sea, el daño ya ocurrió, o el accionar irracional de conducir borracho ya ocurrió. Las campañas tienen otro objetivo y es justamente que no lleguemos a esa etapa. En el país siguen muriendo quienes no deberían morir. La gente tiene que entender que manejar alcoholizado o huir después de un choque no es un accidente: es una decisión que pone en riesgo a otros. Hay que trabajar educación vial desde la escuela, controles en ruta y más alcoholemia. Pero si además la pena es coherente con lo que se hizo, el mensaje llega distinto.
¿Ve buena predisposición entre sus colegas legisladores para avanzar en este endurecimiento de penas? - Estoy trabajando para invitar a mis colegas a que trabajemos por este proyecto. Me gustaría que dejemos de lado las especulaciones políticas y nos pongamos de acuerdo en que la Justicia esté, primero que nada del lado de la víctima. Y, por otro lado, darle a la Justicia herramientas para que actúe en tiempo y en forma.
Agencia NA
FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS
