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Emergencia en Discapacidad, Financiamiento a universidades, incremento a jubilados y salvataje al Garrahan, entre otras leyes anuladas por decreto presidencial.
Buenos Aires, 3 enero (NA) – Hasta las elecciones del 26 de octubre, el 2025 fue un año desde el punto de vista parlamentario muy tumultoso y desgastante para el oficialismo, ya que la oposición pudo hacer valer su mayoría circunstancial para imponer agenda y sancionar leyes que luego serían vetadas una a una y sin miramientos por el presidente Javier Milei.
El 23 de junio pasado se publicó en el Boletín Oficial el decreto 424 para vetar la ley 27.790 que declaraba la zona de emergencia y en situación de catástrofe por 180 días a la provincia de Buenos Aires, en especial a Bahía Blanca y Coronel Pringles que habían quedado devastadas por el temporal de marzo pasado.
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Dicha norma, que se había sancionado en la Cámara de Diputados el 4 de junio con 153 afirmativos y 32 negativos, estipulaba la creación de un fondo de 200 mil millones de pesos.
El 5 de junio la Cámara de Diputados dio media sanción y el 10 de junio el Senado convirtió en ley la emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026, la cual buscaba actualizar los aranceles del sistema de prestadores de acuerdo a costos reales, además de fortalecer las pensiones y garantizar su compatibilidad con empleo formal.
El mismo 5 de junio en que la Cámara baja dio media sanción a la emergencia en Discapacidad, también aprobó el incremento excepcional de jubilaciones y pensiones, que restituía el 7.2% que habían perdido los beneficiarios en el empalme entre la vieja y la nueva fórmula de movilidad previsional, y además ampliaba el bono de 70 mil a 110 mil pesos, actualizable por inflación.
Además en la misma jornada aprobó una ley que prorrogaba la moratoria previsional, que el Gobierno había decidido discontinuar.
Los dos proyectos fueron ratificados y convertidos en ley el 10 de julio en el Senado. El 4 de agosto, Milei vetó ambas leyes jubilatorias, en conjunto con la emergencia en Discapacidad a través del decreto 534, con el pretexto de no se habían planteado fuentes de financiamiento para afrontar el impacto fiscal de las tres medidas.
El 7 de agosto en Diputados y el 22 del mismo mes en la Cámara alta la oposición dio otro golpe muy fuerte al aprobar y convertir en ley el proyecto de financiamiento universitario y la emergencia del sistema de salud pediátrica en medio de la crisis del Hospital Garrahan.
La primera norma obligaba al Gobierno nacional a actualizar bimestralmente, desde el 1º de enero de 2025, los montos destinados a gastos de funcionamiento de las universidades públicas conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
Además, la ley 27.795 obligaba al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas por el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2023 y la sanción de la ley, en un porcentaje no inferior al IPC del mismo lapso.
Una ley muy similar ya había sido vetada por Milei en 2024, y el 10 de agosto del 2025 -mediante el decreto 647 publicado en el Boletín Oficial- lo volvió a hacer respecto de la nueva ley de financiamiento universitario.
El presidente también vetó a través del mismo decreto la Ley de Emergencia Pediátrica 27.796, que declaraba una emergencia sanitaria para la salud infantil y residencias médicas por un año y, entre otros puntos, buscaba recomponer salarios de residentes de acuerdo al piso salarial de noviembre del 2023, así como eximir del impuesto a las Ganancias de las horas de guardias y extras del personal de salud.
La séptima y última ley vetada por el jefe de Estado fue la ley 27.794, mediante la cual la oposición intentó modificar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), estableciendo su transferencia "automática y diaria" a las provincias para reducir la discrecionalidad del Ejecutivo nacional.
El 12 de septiembre pasado se oficializó el veto presidencial de la ley (que había quedado sancionada en Diputados el 20 de agosto) a través del decreto 652/2025 publicado en el Boletín Oficial.
La única ley surgida a instancias de la oposición que Milei decidió no vetar fue la llamada Ley Nicolás 27.797, promulgada en octubre pasado, que apunta a mejorar los protocolos y marcos de actuación del personal médico en la atención a pacientes para evitar malas praxis.
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FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS
