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Se lo conoce como ‘La Camarita’ por su vinculación con la Cámara Argentina de Empresas Viales (CAEV), y se investiga un esquema de cartelización de la obra pública vial.
Buenos Aires, 9 diciembre (NA) – El Tribunal Oral Federal Número 7, integrado por los jueces Fernando Canero, German Castelli y Enrique Mendez Signori, retomó este martes la lectura del requerimiento de elevación del expediente por los escritos del chofer Oscar Centeno.
En la octava audiencia del debate se escuchó la primera parte de la acusación del presunto circuito de sobornos en el tramo conocido como ‘La Camarita’ que, de acuerdo a la investigación, permitió recaudar más de 30 millones de dólares mediante la cartelización de la obra pública vial.
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Durante la jornada de este martes, el TOF 7 concretó la lectura de las primeras 110 fojas de la imputación donde se le adjudicaron tanto a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; al ex ministro de Planificación Julio De Vido y a su número dos, José López, 191 hechos de recepción de coimas que fueron entregados a través del por entonces financista Ernesto Clarens, según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.
A este desprendimiento de la causa Cuadernos se le conoce como ‘La Camarita’ por su vinculación con la Cámara Argentina de Empresas Viales (CAEV), y se investiga un esquema de cartelización de la obra pública vial durante los gobiernos de Nestor Kirchner y Cristina Fernandez con firmas que, de acuerdo al fiscal Carlos Stornelli, pactaban entre sí adjudicaciones, sobreprecios y retornos ilegales.
A lo largo de la audiencia que se extendió por casi 4 horas, el tribunal repasó las confesiones como arrepentidos del ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, así como también la de Clarens, ambos clave para la reconstrucción del funcionamiento del mecanismo recaudador.
En su declaración, Wagner relató que el sistema de retornos se sostenía a partir de adelantos financieros y certificados de obra que las empresas obtenían mediante acuerdos previos dentro de la Cámara de Empresas Viales.
LAS DECLARACIONES El también empresario sostuvo que el anticipo financiero habitual era del 10% del monto total de la obra y que, de ese anticipo, se devolvía un 5% en sobornos, aunque en algunos casos el retorno bajaba al 3% cuando no había anticipo disponible.
Por otra parte, Wagner explicó que una vez fijado el porcentaje, le enviaba el cálculo a José López, quien lo derivaba a funcionarios de Vialidad Nacional para incluir las obras en los listados mensuales de certificados que debían liberarse. Todo ello respondía a un objetivo central el cual para la fiscalía era sostener una estructura destinada a financiar gastos políticos a partir del direccionamiento de contratos.
En el requerimiento de ‘La Camarita’ también se retomaron los dichos de Ernesto Clarens, quien afirmó que actuó durante años como el receptor exclusivo de los pagos provenientes de las empresas viales.
Clarens admitió que recibía sumas en pesos acompañadas de anotaciones con el monto, la obra y el concepto del pago; que cada entrega rondaba los 300.000 dólares y se repetía de forma semanal.
El ex financista explicó que la llamada ‘Camarita’, integrada por un grupo selecto y reducido de empresarios, le entregaba mensualmente listados con información detallada sobre las obras: número de licitación, presupuesto oficial, empresa adjudicataria, monto ofertado y porcentaje de sobreprecio y que todo ello decantaba en un “ranking” de firmas que participaban del esquema de cartelización, utilizado para distribuir las adjudicaciones de manera coordinada.
Asimismo, el tribunal leyó una pasaje de la confesión de Wagner donde explicó cómo eran los encuentros entre las empresas para definir de antemano quién resultaría ganadora de cada licitación, dejando de lado los procedimientos administrativos formales y garantizando así que cada firma supiera de antemano su turno para beneficiarse con el compromiso de cumplir con los pagos fijados.
De acuerdo con el requerimiento del Ministerio Público, los pagos tenían una finalidad específica: que los funcionarios integrantes de la asociación ilícita “hicieran o dejaran de hacer algo atinente a sus funciones” en beneficio de las empresas involucradas.
El debate se reanudará el próximo jueves a media mañana con la lectura de la prueba recopilada, y se espera que también sean leídos los descargos de los imputados. #AgenciaNA
FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS
