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La desregulación de importaciones hizo bajar un 70% el precio de la materia prima recolectada. Y representa entre el 60% y el 70% de lo que cada uno recupera.
La desregulación que aplica el Gobierno de Javier Milei cobró otra víctima social: los cartoneros, que ven desmoronarse en un 70% el precio del cartón que recolectan, desde que en julio del año pasado se dispuso la apertura gradual de la importación de residuos no contaminantes.
La medida afectó un actividad de recolección de residuos urbanos, que representa entre el 60% y el 70% del total que se recupera en las calles y cuyo valor cayó de 300 pesos el kilo a 100.
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Según fuentes del sector, los rollos de cartón importados entran a precios muy por debajo de los que pueden ofrecer las cooperativas argentinas, como consecuencia de que en enero de este año el Gobierno nacional le dio vía libre a la importación de, entre otros materiales, cartón recuperado.
Hay industrias que compran las bobinas (de cartón o papel) en el exterior, lo cual hizo bajar el precio de la materia prima que venden y además no les compran.
El 64% de la población argentina separa reciclables en sus hogares, porcentaje que en CABA desciende al 56%.
En todo el país se generan aproximadamente 45,000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos (RSU), lo que se traduce en más de 11 millones de toneladas anuales y un consumo per cápita de alrededor de 1,15 kg por día Conviven en ese contexto los que separan los residuos como una actividad individual y precaria y los que hacen trabajo formal e inclusivo con la recolección.
Existe una delgada línea que los distingue, ya que mientras unos separan los insumos que abastecen el sistema de recupero, otros excarvan y extraen materiales de los contenedores en busca de algo para comer o vender.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) se ensañó con quienes revuelvan los tachos en las calles y advirtió que les aplicará multas de hasta 900.000 pesos, a lo que los cartoneros respondieron que no contaminan, sino que reciclan, le ahorran millones al Estado y cuidan el ambiente.
DEPRECIACIÓN Completar una canasta básica alimentaria (CBA) implica actualmente para los 200 mil cartoneros que contabiliza la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores recuperar 7 veces más materia prima que hace dos años.
Aún así, sus posibilidades de trabajar también se constriñieron: no hay mucho lugar para almacenar, cerraron cerca de un tercio de las cooperativas (que en promedio empleaban entre 50 y 100 trabajadores), y el Gobierno de la Ciudad cortó el sistema de colectivos en el que viajaban diariamente desde hace 18 años del Conurbano bonaerense a la Capital Federal para limpiarla, El jefe de Gobierno Jorge Macri fundamentó su decisión de darlo de baja en el vínculo entre algunas cooperativas de reciclado con el dirigente político y social Juan Grabois.
La realidad es que unos 3.000 recicladores urbanos que llegan desde Villa Fiorito o Ingeniero Budge (provincia de Buenos Aires) a CABA todos los días y recolectan para los Centros Verdes, ahora tienen que destinar el 20 por ciento de sus ingresos a viáticos, cuando el incentivo que la Ciudad les paga por la tarea que realizan no supera los 390.000 pesos.
Denuncian que se tornó "inviable" su traslado e implica una vulneración grave que pone en riesgo miles de puestos de trabajo, según denuncia FACCyR.
BA RECICLA Los más de 6 mil recuperadores urbanos organizados en 12 cooperativas que prestaban el servicio formal de recolección diferenciada, recorriendo los barrios, recolectando los materiales reciclables y clasificándolos en los Centros Verdes, dependen del Programa BA Recicla, a cargo del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana Algunas cooperativas tienen locación en la propia Ciudad de Buenos Aires, pero otra buena parte están asentadas en la Provincia, por lo que sus trabajadores contaban hasta el momento con traslado diario ida y vuelta en colectivos particulares garantizados por el Gobierno porteño para viajar desde distintos puntos del conurbano.
Para el GCBA, sin embargo, ese viaje constituía un "privilegio" que "beneficiaba a un grupo reducido de cooperativas", ya que el resto de los trabajadores y trabajadoras que realizan las mismas tareas "nunca accedieron al mismo trato".
Desde la cooperativa Amanecer de los Cartoneros, dentro del Movimiento de Trabajadores Excluidos, una de las acusadas por el Gobierno porteño de recibir el "privilegio" del transporte, también se expresaron sosteniendo que "ahora tenemos que costear el traslado cobrando una miseria, mientras los precios de los materiales caen por la apertura de importaciones".
Desde Espacio Público justificaron el recorte en que el traslado diario costaba 6 mil millones de pesos anuales, que serían ahora destinados, según indicaron, a obras de infraestructura en los centros de reciclaje, en las rutas de recolección y un aumento de la capacidad operativa.
Las cooperativas nucleadas en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), incluso aquellas con domicilio en la Ciudad y que no necesitaban el traslado diario, recordaron, en primer término, que "hoy el incentivo salarial de los cartoneros y cartoneras de CABA se encuentra en 390 mil pesos" y que "de suspenderse el traslado, un 20 por ciento de los salarios serían destinados al transporte que nos lleva a laburar".
La pérdida de clientes para colocar los residuos recuperados impacta, asimismo, en el plus que podrían obtener por cantidad recolectada. Uno de ellos estimó haber cobrado 31 mil pesos por 450 kilos totales recuperados.
De las doce cooperativas que trabajan en conjunto con el gobierno porteño, solo Amanecer de los Cartoneros recupera 3.000 toneladas mensuales de materiales que se salvan del relleno sanitario.
LEGISLACIÓN El trabajo de los y las recuperadoras está garantizado por distintas leyes locales desde la creación en 2002 de esa figura legal a través de la Ley N°992 aprobada ese año por la Legislatura.
Desde entonces se sumaron distintas leyes y resoluciones que ampliaron la cobertura de su trabajo, así como sus derechos, y conformaron el actual marco legal por el que funciona el programa que permite a los más de 6 mil trabajadores ir puerta por puerta de cada barrio en busca de los materiales reciclables.
La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) busca impulsar la organización de los cartoneros, carreros y recicladores para obtener reconocimiento y derechos sociolaborales. Reivindican la defensa de los derechos de los cartoneros de todo el país y la lucha en pos de sistemas de reciclado con inclusión social.
Con estos objetivos se elaboró un programa para crear 120 sistemas municipales de reciclado con inclusión en las principales ciudades del país, reconociendo 20.000 puestos de trabajo, 8 nodos regionales de acondicionamiento y comercialización y 20 experiencias de agregado de valor y corrientes de residuos especiales.
FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS
