La crisis económica que golpea severamente al país, definió un nuevo rumbo en la política de subsidios, provocando un vuelco rotundo en la agenda de prioridades del Gobierno de la Nación. En este escenario, se avanza inexorablemente hacia la eliminación de beneficios de alto valor para los sectores más vulnerables, entre ellos la supresión de la tarifa social del servicio de energía eléctrica y el subsidio al transporte de pasajeros.
Con respecto a la tarifa social, se sabe que en Jujuy son aproximadamente 70 mil las familias alcanzadas por este beneficio, como resultado de su situación cuasi extrema en materia social y económica, condición no contemplada en el insensible presupuesto nacional correspondiente al ejercicio 2019, en la desesperada búsqueda del déficit perfilado por el Fondo Monetario Internacional.
Los próximos meses se tornarán críticos para quienes lejos están de llegar a fin de mes y ahora tienen que pensar y decidir cuál de sus prioridades serán dejadas de lado o postergadas para así destinar sus cada vez más escasos billetes al pago de la factura de la luz.
Con respecto al subsidio al transporte urbano e interurbano en la provincia, la Nación dispuso una quita total, lo que a principios de enero derivó en un virtual paro empresario, que dejó sin servicio a miles de usuarios en la zona metropolitana de Jujuy.
Más allá de la buena voluntad que manifestaron todas las partes en ese conflicto, aumenta la preocupación sobre cómo se podrá remediar la inestable situación del servicio de transporte sin los mentados subsidios nacionales.
La Nación se abrió del juego, se retiró, dejando a los segmentos populares en situación de indefensión ante las empresas prestatarias. Alguien tendrá que recoger el guante y hacerse cargo de las necesidades de miles de jujeños que necesitan el servicio de energía y al cual en breve no podrían acceder ante la imposibilidad de pago. La misma espada se cierne sobre los usuarios del servicio de transporte.