ULTIMO MOMENTO:
Ante el cuestionamiento formulado por el imputado Lucio Abregú respecto a la convocatoria a ampliación de indagatoria, el Juez de Control N´ 4 Dr. Isidoro Arzud Cruz, ratificó la atribución del Fiscal de la causa y de él mismo de llamar a dicha medida, aclarando que en todo caso, el encartado tiene el derecho de prestar o no declaración. El magistrado expresó al respecto, que Abregú “se agravió diciendo que está mal convocado” a la ampliación de indagatoria, “se abstuvo de declarar, es su derecho a no declarar”.
“La Fiscalía lo convocó, nosotros adherimos, y como él está en su derecho a no declarar también la Fiscalía está en su derecho a convocarla, ahora que declare o no es otra cuestión”, completó.
En torno a la recusación de Eduardo Fellner, dijo el juez que “los abogados de Eduardo Fellner ampliaron la recusación por una versión periodística de un medio, donde supuestamente me expresé de que él debía a ir a juicio” porque “yo no tengo la facultad de mandar la causa a juicio, sino quien investiga y quien pide la elevación a juicio es la fiscalía”. Seguidamente remarcó “yo lo desmentí categóricamente porque yo no había dado ninguna entrevista, ni ninguna nota, por lo que estimo que la Cámara de Apelaciones también rechazará esta recusación”. La otra recusación es la presentada por Milagro Sala, la cual fue desestimada por dicho cuerpo colegiado.
En relación a la declaración como testigo del gobernador Eduardo Fellner, el magistrado indicó “el pliego de preguntas del intendente Jorge ya está en manos del gobernador, quien lo contestará apenas regrese a la provincia”.
Dio cuenta además que hubo una presentación de la defensa de Milagro Sala, pidiendo ampliación de plazos para otro pliego, ante lo cual la defensa de Jorge se opuso “en el entendimiento que no corresponde ampliar plazos a los demás defensores”, motivo por el cual por el momento sólo el mandatario provincial responderá al requerimiento de patrocinantes del actual intendente capitalino, que como se sabe, se halla imputado por supuesta defraudación a la administración pública.
