ULTIMO MOMENTO:
CASO MALDONADO
En los allanamientos de viviendas de familias mapuches del Pu Lof fueron secuestradas dos mochilas, varias camperas de color negro y teléfonos celulares, todo lo cual será periciado “para determinar si efectivamente pertenecen” al joven desaparecido, informó el Juzgado Federal de Esquel, a cargo de Otranto, en un comunicado difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ).
Por su parte, el Cels, querellante en la causa que investiga la desaparición forzada de Maldonado y parte en la de habeas corpus por el mismo caso, fundó la recusación en que el juez Otranto, en declaraciones periodísticas y otros hechos, “afectó la garantía constitucional de imparcialidad, adelantó opinión respecto de los hechos investigados y exteriorizó enemistad manifiesta hacia la parte querellante”.
La presentación fue realizada en el Juzgado de Esquel y en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, donde el jueves se realizará una audiencia para resolver la recusación presentada el viernes último por la familia de Santiago Maldonado por el nulo avance de la investigación.
El presidente de esa Cámara, Javier Leal de Ibarra, anticipó que este tema se resolverá dentro de las 48 horas posteriores a la audiencia, “por lo que se estima que para el lunes ya habría una resolución que no puede ser recurrida”.
Según argumentó el Cels en su extensa recusación, el juez Otranto, en declaraciones periodísticas incorporadas como prueba, mostró que “les cree a los 19 gendarmes que declararon en su despacho” en Esquel la semana pasada, sin hacer mención, ni ante la prensa ni en el expediente, a “las numerosas contradicciones en las que han incurrido los gendarmes en sus declaraciones”.
Entre otros argumentos, también aludió al trato que “el juez dio a uno de los principales testigos del caso, Matías Santana, retenido durante todo el allanamiento realizado el lunes con las manos precintadas”, así como a “la filtración a los principales diarios del país de audiencias grabadas con la declaración de testigos de la comunidad”.
En cuanto a los allanamientos de este lunes ordenados por el juez se concretaron durante un operativo del que participaron 367 efectivos, entre miembros de la Policía Federal, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y policías de Santiago del Estero, Buenos Aires, San Luis y Río Negro.
Esa tropa se desplegó en el terreno y rastrilló -a pie y con canes adiestrados en búsqueda de rastros humanos- la totalidad de las 1.300 hectáreas ocupadas desde 2015 por el Pu Lof en Resistencia, en conflicto de tierras con una compañía del grupo italiano Benetton, propietario de cerca de un millón de hectáreas en provincias patagónicas .
