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Bullrich, la que más se explayó en relación de las iniciativas que cuentan con sanción de la Cámara de Diputados y tiene en revisión el Senado, indicó en la reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico, que “lo importante es que tomemos todos conciencia del problema que tenemos como Nación, del problema que tenemos como sociedad”.
También concurrieron a la reunión realizada en el Salón Azul, presididas por el titular de la comisión de Justicia, Pedro Guastavino (PJ-FpV), la secretaria de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y la secretaria de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Paula Bertol.
Bullrich se refirió principalmente a la iniciativa para legislar la “extinción de dominio” de bienes de origen ilícito porque reconoció que “el problema” que existe es el procedimiento a seguir “con el dinero, los bienes, de los narcotraficantes en la Argentina”.
La ministra dijo a los senadores que “si tomamos como dato de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) vemos que en los últimos 5 años se han detectado maniobras de lavado narco por al menos 4 mil millones de pesos‘ que calculó que implican ‘unas 2.366 casas del plan PROCREAR, si tomamos una media que se está dando por este plan”.
Reveló además en la reunión que se estima en “1.146 millones de dólares es el dinero ilegal que mueve el narcotráfico en nuestro país” y precisó que fueron “11.129 millones de pesos” en valor de la incautación de cocaína en los últimos meses.
En lo que se refiere al proyecto en tratamiento, Bullrich marcó que “el juicio lo que hace es generar una inversión en los que la persona tiene que explicar el origen de esos fondos. Si no puede explicar, se abre esta causa”.
En cuanto a los delitos complejos a los que se ampliará la figura del “arrepentido”, la ministra señaló que la Cámara de Diputados incluyó el lavado de dinero, trata de personas, contrabando y tráfico de drogas y corrupción, los cuales, acotó “todos son delitos federales”, en el último caso cuando comprende a funcionario federales.
Garavano, más escueto en su exposición, expresó a los senadores que “una cuestión general que parece interesante que ustedes evalúen es hasta qué punto esto es una modificación de fondo y hasta qué punto se avanza sobre algunas especificaciones”.
A su vez, el ministro habló sobre la necesidad de que la realización de los bienes sea rápida porque estimó que “la administración de esos bienes por tiempos largos genera complejidades y problemas”.
Alonso, por su parte, resaltó que “estamos hablando de criminalidad compleja” y manifestó que “un país que decide como consenso general establecer como meta la pobreza cero, también debe establecerse como meta el narcotráfico cero, la corrupción cero”.
La senadora kirchnerista María Virginia García (FpV-Santa Cruz) advirtió que invertir la carga de la prueba sería inconstitucional porque rige en la Argentina el principio de presunción de inocencia, por lo cual sostuvo que habría que modificar el texto aprobado por Diputados.
La salteña Cristina Fiore Viñuales (PJ-FpV) coincidió en líneas generales con la advertencia de García y también confesó sus dudas respecto de cómo funcionaría la retroactividad de la ley más benigna en los casos que comprendería la ley.
