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Buenos Aires,-La Cámara Federal porteña confirmó ayer los sobreseimientos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y del exministro de Transporte Guillermo Dietrich, en la causa por supuestas irregularidades en la licitación pública internacional para la construcción del Paseo del Bajo, en la zona porteña de Puerto Madero, que había sido cerrada por el fallecido juez Claudio Bonadio en diciembre de 2019, confirmaron fuentes judiciales.
La resolución fue adoptada por la sala primera del tribunal de apelaciones con la firma de los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes coincidieron con el instructor de la causa "sobre la inexistencia de una maniobra tendiente a favorecer a una de las contratistas, causándole un perjuicio patrimonial al erario público", según consta en el fallo al que accedió Télam.
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La denuncia que originó el expediente señalaba que el orden de la licitación de los tramos que compusieron la obra del Paseo del Bajo fue alterado de modo tal que una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por la firma Iecsa S.A.. que había estado vinculada a la familia Macri, ganara la licitación del tramo más oneroso.
La hipótesis de la denuncia fue sostenida por la fiscal Alejandra Mangano y por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, quienes en diciembre de 2019 apelaron la decisión de Bonadio de cerrar la causa y sobreseer a los imputados por considerar que se trataba de una resolución apresurada dado que faltaban pruebas por realizarse y testimonios por escucharse en el expediente.
La obra del Paseo del Bajo, a la altura de los barrios porteños de Retiro y Puerto Madero, fue pensada para conectar las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata y contó con un presupuesto original de casi 9 mil millones.
Se trató de una obra pensada en tres tramos y si bien estuvo a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA), se financió con casi un 60 por ciento de fondos del Estado Nacional, conseguidos por la vía de préstamos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) mientras que la financiación restante corrió por cuenta la Ciudad de Buenos Aires.
Según una denuncia que en su momento presentó la Auditoría General de la Ciudad y una investigación preliminar de la PIA, la maniobra ilícita consistió en alterar el orden de licitación de los distintos tramos de la obra para que la UTE integrada por Iecsa se quedara finalmente con el más oneroso.
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