Otra recusación de Sala para impedir el juicio oral

  En otra de sus acciones defensivas, la dirigente  social Milagro Sala presentó ayer a través de sus  letrados un último recurso de recusación en contra  de las juezas del Tribunal en lo Criminal N´ 1 que  llevarán a cabo el juicio oral y público de la causa  “Pibes Villeros”, por considerar que carecen de las  condiciones adecuadas para ejercerlo, basándose  en una publicación con origen en Salta. El Colegio  de Magistrados de Jujuy repudió la misma y rechazó “presiones sobre jueces, fiscales y defensores”.

 Según letrados de la máxima referente social, los  magistrados del tribunal “carecen de los conocimientos suficientes para garantizar un juicio independiente y justo” y citó que la jueza Alejandra  Tolaba “reprobó los dos concursos a los que se  presentó para integrar el Tribunal Criminal. De hecho, en el último examen directamente no fue considerada en el orden de mérito”.

 Además, observaron que el 29 de junio, el Tribunal emitió una resolución en la que rechazó toda la  prueba documental y pericial ofrecida por la defensa y sólo habilitó 15 de los 57 testigos presentados. En ese escrito, “copiaron de manera textual,  sin referencia de cita alguna, los votos de otros magistrados en diferentes causas: puntualmente del  juez Mariano Borinsky, de la Cámara de Casación  Penal, en la causa conocida como “Acro” y que no  tiene relación alguna con la que comenzará a debatirse a partir de este martes”.

 Como antecedentes, ya en el juicio por la causa  “amenazas a policías” y de la que fue sobreseída  por “el beneficio de la duda”, también intentó recusar a los jueces del Tribunal en lo Criminal N´ 3,  a horas del inicio del juicio. Y más recientemente  en la órbita federal, presentó otra impugnación  contra los magistrados del Tribunal Oral Federal  que debe enjuiciarla por las “amenazas” al entonces senador nacional Gerardo Morales en el año  2009. Eso, por citar algunos casos que están en etapa de juicio oral, sin citar los expedientes que actualmente se investigan como la “Megacausa” o  “Balacera de Azopardo”, entre otros.

 Sobre estas presentaciones contra las juezas, se  estima que minutos antes de las audiencias (14:30)  se de a conocer la resolución del cuerpo, por lo  pronto todo sigue igual y se estima que podría ser  rechazada, ya que en ámbitos tribunalicios se tomó  este recurso judicial y la referida publicación en un  medio de Salta, como un ardid “psicológico” para  condicionar a las juezas. Por ello el Colegio de  Magistrados de Jujuy sostuvo ayer, “rechazamos  de plano los intentos de intimidación que perturben  el ánimo de quienes tienen la difícil e importantísima tarea de llevar adelante causas”.

 En el requerimiento de citación a juicio con 31  imputados, el Fiscal de Investigación, Dr. Cussel,  expreso que “la mecánica de funcionamiento de la  organización Tupac Amaru sería la de una asociación ilícita formada con el objeto de defraudar al  Estado provincial y apoderarse de recursos dinerarios. 

En base a elementos de prueba y algunas declaraciones defensivas, “la Fiscalía da por acreditado que la imputada Sala ha dirigido, organizado  y ordenado el accionar colectivo de un grupo de  personas pertenecientes a la organización social  Tupac Amaru, mediante el despliegue de medios  intimidatorios, utilizando el esquema de actuación  de la misma y subvirtiendo la figura jurídica de las  cooperativas de trabajo reunidas en dicha organización, mediante la desnaturalización con el objetivo inequívoco de defraudar de forma sistemática  a la administración pública provincial, en provecho propio, y/o de integrantes de dicho grupo y/o  de terceras personas.Se afirma que la defraudación fue perpetrada en  perjuicio de la administración pública provincial y  no se pudo llevar a cabo en su integridad el programa ‘Mejor Vivir II‘, debido a que la organización  de recursos organizada por Sala y los demás miembros, tenía por objeto el apoderamiento ilícito de  recursos dinerarios del Estado que alcanzaban alrededor de $60.352.790,80, con la creación de la cooperativa “Pibes Villeros”, cuyos tenedores fueron filmados cuando retiraban millones desde la sucursal local del Banco Nación.