ULTIMO MOMENTO:
IRREGULARIDADES EN CONTROL COMERCIAL
El secretario de Gobierno del Municipio Capitalino, Gastón Millón, recibió amenazas de muerte vía telefónica, por las denuncias que realizó en sede judicial por las irregularidades en el otorgamiento de permisos o habilitaciones apócrifas de comercios locales y el otorgamiento de carnet sanitarios, también “truchos”.
Las intimidaciones se produjeron en la jornada del miércoles, motivo por el cual ayer radicó denuncia en el Ministerio Público de la Acusación Fiscal. Por estas horas, el fiscal penal de turno el Dr. Carlos Enrique Farfán, evalúa medidas conducentes a esclarecer el origen de los aprietes y dar con el o los autores.
Una persona anónima le envió un audio vía Whatsapp, advirtiéndole entre otras cosas, que conoce su domicilio, el vehículo que maneja y hasta dónde estudian sus hijos. Dicha grabación ya habría sido entregada al fiscal así como el aparato telefónico a fin de poder rastrear el origen de la comunicación.
Justamente el mencionado fiscal tiene a su cargo la causa principal y por lo que se conoce hasta el momento, se practicaron allanamientos y se imputaron al menos, a cinco empleados de la repartición. Desde la Secretaría de Gobierno Municipal ya se habrían aplicado disposiciones tendientes a separar temporariamente del área a los implicados, lo cual podría haber llevado a que se motoricen las amenazas en contra del funcionario.
Mientras tanto, en paralelo el Agente Fiscal de Investigación Penal N´ 8 Dr. Alejandro Bosatti, se aboca al expediente vinculado al hallazgo de carnet sanitarios falsos, motivo por el cual se estarían solicitando oficios al Ministerio de Salud de la Provincia, atento a que podrían estar sospechados empleados de dicha repartición en connivencia con sus pares municipales.
En esta causa aún no hay imputados, pero se cree que podría producirse en los próximos días. Recientemente Millon había revelado que “algunos de los involucrados escondieron muchos de los carnets dentro de un grupo de expedientes, y cuando se chequearon los datos con el Ministerio de Salud, resultaron falsos”.
Atento a que había entre cinco o seis imputados, “por nota hemos solicitado que la Fiscalía nos informe quiénes son, a los efectos de que sean separados del control de calle y realicen otro tipo de tareas hasta tanto se resuelva la causa”. Esta decisión adoptada, habría sido el desencadenante para que se concreten las amenazas.
Si bien los sujetos están imputados por “Fraude a la administración pública, Falsificación de instrumentos públicos y Falsificación de sellos oficiales”, para el funcionario se trataría de una asociación ilícita, calificación penal que dependerá de las pruebas que recolecten los fiscales. Ayer el Concejo Deliberante en su sesión ordinaria, aprobó una resolución repudiando las amenazas recibidas por el funcionario.
