Asimismo, Garavano, aseguró que “Argentina es uno de los países con mayores niveles de impunidad del mundo”, y confirmó que a los cambios del régimen de responsabilidad juvenil, el Gobierno también prevé impulsar una reforma del Código Penal y la escala de condenas.
Por su parte, la Iglesia reclamó que el debate por la baja de la edad de punibilidad no se centre “solamente en la persecución estatal” de adolescentes en conflicto con la ley penal y exigió que se incluyan otras perspectivas sociales y jurídicas.
En medio de la polémica por la propuesta oficial de bajar la edad de imputabilidad y el pedido de Massa y Stolbizer para que el Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias en febrero para tratar esta cuestión, Garavano adelantó que hablará con ambos legisladores pero sin perder de vista que “el tema tiene un volumen técnico y son reformas que no se han hecho en 30 años de democracia”.
“Yo voy a conversar con ellos, nosotros estamos abiertos al trabajo conjunto y así se ha demostrado este año, pero hay que tener en cuenta que hay cosas que tampoco uno puede en un segundo, en un minuto o en diez días solucionarlas”, alertó el ministro, en un mensaje destinado al líder del Frente Renovador y la máxima referente del GEN, opositores aliados.
No obstante, el funcionario evaluó, en diálogo con radio Mitre, que “a lo mejor hay cuestiones urgentes que nosotros tenemos identificadas, en las cuales puede ser posible construir consensos y avanzar sobre esas cuestiones, y dejar algunas que tienen un volumen técnico más complejo para trabajar por los especialistas durante el año”.
Asimismo, Garavano reveló que “cuando uno hace un análisis sobre la cantidad de hechos delictivos que se cometen y las personas que están efectivamente condenadas, el número es menor al uno por ciento”.
“Hay jueces que trabajan mucho, que le ponen el esfuerzo (para una mejor administración de justicia), y hay otros que tienen a veces miradas muy alejadas del sentido común y de la realidad, donde solo ven al victimario y se olvidan de todo el daño social y de la víctima”, aseveró.
A todo esto, la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia, que coordina el sacerdote José María “Pepe” Di Paola, fijó posición sobre el proyecto de bajar la edad de punibilidad y señaló que este debate “no debe rechazarse a los fines de adecuar la legislación penal juvenil”.
Sin embargo, dejó en claro que la discusión “no puede centrarse solamente en la persecución estatal -a través del derecho penal- de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino en cómo cumplir con toda la normativa internacional, nacional y provincial que garantizan derechos a todas las niñas, niños y adolescentes, sean infractores o no a la ley penal”.
Además, señaló el documento que la iniciativa del Ejecutivo “no se corresponde” con el pedido de Emergencia Nacional en Adicciones “Ni un pibe menos por la droga” que hizo ese organismo eclesiástico el 6 de noviembre de 2016 y el presidente Mauricio Macri asumió mediante el decreto 1249/2016 del 12 de diciembre de 2016.
“No podemos mirar solamente la ‘fotografía’ del hecho que han cometido, sino que debemos mirar la ‘película de su vida’ para atrás, y así seguramente advertiremos la vulneración de los estándares mínimos de derechos sociales e intrafamiliares vulnerados, que también habrá que considerar y hacer cumplir”, se precisó en el mensaje.
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