El pedido se basa en que el eventual recurso que le queda a la defensa de Sala, no tiene efectos suspensivos, es decir que se puede avanzar en el diligenciamiento, si así lo considera el TOF, de fijar la fecha de inicio de las audiencias del juicio oral y público.
Además, la defensa de alguna manera no se pronunció de manera inmediata si apelará, ya que por un lado admitían que era previsible el fallo de la Cámara de Casación Penal integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani (presidente), Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, que declaró “inadmisibles” los recursos extraordinarios presentados por las defensas (también de Graciela López y Ramon Salvatierra) contra la decisión que hizo lugar a los recursos del Fiscal de Cámara y la querella, en tanto revocó la resolución dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, que había declarado la extinción por prescripción de la acción penal de los imputados y, en consecuencia, sobreseerlos en relación al delito de amenazas.
Cebe puntualizar además, que Sala planteó anteriormente sucesivas instancias recursivas en este mismo expediente, denegadas por la misma Cámara de Casación Penal y por la propia Corte Suprema de Justicia, por lo que la querella vaticina que una queja de la defensa volvería a se rechazada.
El actual Secretario de Gobierno Luciano Rivas y asesor legal de la causa apenas iniciada, sostuvo ayer que pidieron al TOF que el juicio “se inicie en un plazo mínimo. El equipo jurídico pidió que se inicie en diciembre, queremos que este año concluya el juicio‘. La causa se inició por el violento escrache registrado en octubre de 2009 por militantes de la organización Tupac Amaru en contra del entonces senador Morales y Leandro Despouy, ex titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), en el marco de una conferencia en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy sobre el manejo de fondos públicos por parte de organizaciones sociales.
Rivas recordó que ‘hace seis meses tuvimos que enfrentar una decisión del TOF que planteaba el sobreseimiento de Sala por una prescripción o la caducidad de la acción (amenazas) por el tiempo transcurrido‘. Pero, “no existía ningún tipo de prescripción porque la condena que le correspondería no sería de dos años en este tipo de delito sino de cuatro; por esa razón se presentó el recurso y Casación revocó el fallo del TOF que le daba la razón a la defensa‘, explicó Rivas.
Casación resolvió que el ilícito a investigar es el de coacción (amedrentar para que se haga o no se haga algo), que conlleva un castigo de hasta cuatro años de cárcel. Estimamos desde la querella que ella va a ser condenada y los abogados van a pedir la pena máxima, que sería de ocho años, porque los dos delitos se concursan realmente‘, aseguró Rivas. ‘Es un juicio que viene desde 2009 y ya hay que darle un corte‘, precisó luego.
Mientras, que la defensora de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró ‘no teníamos dudas que la Sala IV no nos iba a habilitar la vía extraordinaria‘, por lo que la resolución ‘no nos sorprendió en lo más mínimo‘. Y consultada si van a recurrir a una instancia superior, la letrada dijo ‘estamos evaluando‘, aunque ‘los quince mil pesos que hay que pagar para nosotros es hoy un problema‘, aseguró.
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