Ello surge tras las citaciones a indagatorias formuladas por el fiscal Dr. Aldo Lozano, que investiga el rol de las guardiacárceles en oportunidad de la videoconferencia que mantuvo el pasado 4 de junio la líder de la Tupac Amaru con referentes kirchneristas en la provincia de Buenos Aires, en un horario no permitido y por un medio que no estaba habilitado.
Ello porque luego de los informes solicitados a la Cooperativa Telefónica de Palpalá, se estableció que desde su cabina ubicada dentro del Penal no hubo ninguna llamada hacia la provincia de Buenos Äires en ese horario, desestimando el primer argumento de la dirigente y de la defensa en ese sentido.
Por ello desde la Fiscalía se ahondó en saber si hubo alguna falta al régimen penitenciario por parte de las guardiacárceles y por ende “Incumplimiento de los deberes de funcionario público”, que es la imputación que se les endilgó a once efectivos.
De esos once efectivos, sólo cuatro habrían accedido a prestar declaración indagatoria, el resto se abstuvo de declarar. Todas estas medidas se cumplieron entre las últimas dos semanas.
Pero uno de los testimonios recogidos, es de un personal que además de despegarse de aquel suceso, indicó que todo puede ser verificado por las cámaras de seguridad existente en el sector donde justamente la dirigente mantuvo la comunicación telefónica con Luis D’Elía, Amado Boudou y otros militantes kirchneristas en un plenario de la agrupación Miles.
Por ello es que el Agente Fiscal habría remitido un exhorto a la Dirección del Servicio Penitenciario solicitando no sólo el video de ese patio donde se produjo la llamada sino también de los demás sectores, atento a que se trata de determinar quien facilitó el aparato de telefonía celular a la interna.
En primera instancia hubo sospechas que desde las guardiacárceles, hubo alguien que permitió el ingreso de dicho equipo, o en todo caso, alguien ajeno y a quien no se le hizo la correspondiente requisa en la entrada a la Unidad Penal de Alto Comedero.
Cabe mencionar que el Agente Fiscal dijo en su momento, “se violaron las normas del servicio penitenciario y esto es grave”. Por esta razón se supone que hubo complicidad en dos hechos concretos: el ingreso del teléfono a la penitenciaría y la llamada telefónica.
Además el fiscal habría ordenado otros diligenciamientos que se estarían cumpliendo en el curso de los próximos días, a fin de colectar elementos de pruebas que puedan sindicar a o los responsables del ingreso del celular. Conviene citar que quienes declararon, no señalaron a o los supuestos facilitadores.
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