Bullrich y Otero se presentaron como imputados y designaron a sus abogados

Buenos Aires - El juez federal en lo penal económico Javier López Biscayart avanzó ayer en el análisis de denuncia que radicó el Gobierno de Alberto Fernández contra su antecesor Mauricio Macri y varios de sus funcionarios, por el supuesto envío de material bélico a Bolivia en noviembre de 2019, en medio de la crisis política que terminó con Evo Morales fuera del poder. En primer lugar, habilitó la feria judicial -que comenzó ayer- y reclamó una serie de documentación y diligencias para esclarecer el escenario de la denuncia, luego del dictamen fiscal. El juez quiere saber si desde la embajada argentina en Bolivia se pidió protección.

Mientras tanto, la ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO Patricia Bullrich se presentó en la causa y nombró un abogado defensor. Lo mismo hizo el ex jefe de Gendarmería Gerardo Otero. La Unidad de Información Financiera se presentó en la causa para pedir documentación; sin embargo, el juez rechazó el planteo. Por el momento, no hay ninguna hipótesis de lavado de dinero en la investigación para que pueda tomar intervención en el expediente, indicaron fuentes judiciales.

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Hace una semana, el Gobierno nacional denunció penalmente al ex presidente Macri, la ex ministra de Seguridad Bullrich, Oscar Aguad (ex ministro de Defensa), Jorge Faurie (ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez Garcia (ex embajador argentino en Bolivia), Jorge Da vila (ex director general de Aduanas), Eugenio Cozzi (ex director ejecutivo de la ANMaC). Todos se encuentran nombrados en las circunstancias del hecho que describió la Fiscalía en su dictamen. El Gobierno pidió investigar los delitos de "contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad".

Los hechos salieron a la luz gracias al descubrimiento de una misiva enviada el 13 de noviembre de 2019 por el entonces comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, Gral. Jorge Gonzalo Terceros Lara, actualmente detenido por su participación activa en el golpe de Estado, al entonces embajador de la República Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García. En la carta, dijo la denuncia, se evidencia la recepción de 40.000 cartuchos antitumulto calibre 12/70, 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, 5 gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 10 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC provenientes del Gobierno argentino.