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El Senado avanzaba este mediodía en la segunda audiencia de debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo con las exposiciones de expertos en derecho que plantearon sus diferencias respecto a la consideración de la vida humana desde la concepción y discutieron sobre la constitucionalidad o no del proyecto de ley en cuanto a la penalización de la práctica del aborto.
El primero de los expositores de hoy fue el profesor de derecho constitucional Pablo Garat, quien consideró que esta iniciativa "tiene que pasar el test de constitucionalidad" y cuestionó que en los debates "no aparezca el interés superior del niño y de la niña".
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"Todo nuestro orden constitucional se apoya en el interés del niño, que aparece ausente en los debates. Se ha hablado mucho de la mujer y poco del niño", expresó el experto, y añadió que la Argentina aún "debe aclarar" su posición respecto a si "se es niño desde la concepción".
El exministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, quien se pronunció a favor de la propuesta, declaró que "no hay ninguna regla constitucional que obligue a penalizar el aborto" y precisó que "todos los órganos de derechos humanos a nivel internacional han establecido que puede practicarse el aborto temprano".
Respecto al comienzo de la vida humana, sostuvo que quienes se oponen al aborto "personifican u humanizan al proyecto de vida y esto no es así" y remarcó que "el embrión no es una persona ya nacida" y "el derecho positivo no trata de la misma manera al nacido que al por nacer" ya que "la vida necesita un desarrollo para nacer".
"Es una ficción sostener que un embrión es un chico", añadió y refutó la "creencia de que si se despenalizan los abortos se van a multiplicar como un método anticonceptivo".
Para Gil Lavedra, "no hay bebé si no hay madre y la maternidad no puede ser forzada" ya que "la mujer no puede estar obligada a poner su cuerpo para continuar un embarazo no deseado".
En tanto, Ursula Basset, especialista en derecho de familia, afirmó que "nuestra Constitución protege la vida desde la concepción", señaló que el Estado "debe ofrecer opciones" a la mujer gestante que no desee la maternidad como la adopción y consideró que este proyecto "da derecho a abortar pero no a decidir".
"Lo peor de todo son las discriminaciones invisibles. No está regulado pensando en las mujeres y se criminaliza a los médicos en desacuerdo con la práctica", dijo la abogada, y advirtió que la ley, en caso de aprobarse, obliga "a toda la sociedad a financiar el aborto".
