ULTIMO MOMENTO:
Un nuevo “faltazo” por parte de otro de los ex auditores de la Secretaría de Vivienda de la Nación se produjo ayer en el marco de la “Megacausa” cuya investigación lleva adelante el juez de Control N´ 4 Dr. Isidoro Arzud Cruz, lo que lo lleva a convocarlos nuevamente pero con el auxilio de la fuerza pública, motivo por el cual ya se iniciaron gestiones con el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Policía Federal.
Se trata de Oscar Siwald, quien al igual que las otras dos ex funcionarios técnicos Roxana Abud y Patricia Petroni, no se presentó ayer a la audiencia ni remitió siquiera nota justificando dicha ausencia. Reiterarán citacion para la semana próxima.
Los tres están señalados por parte del abogado de los imputados Julio Moisés, Alberto Ortiz., Nilson Ortega y Claudia Trenque, como quienes tenían la misión de controlar la ejecución de las obras de construcción de viviendas sociales a cargo de las cooperativas vinculadas a la organización social Tupac Amaru, y supuestamente, eran las que daban el visto bueno para que los fondos nacionales ingresen a la provincia.
La estrategia defensiva del Dr. Alberto Matuk, patrocinante de los mencionados, apunta a direccionar toda la responsabilidad de los delitos que actualmente se investiga, hacia el ex secretario de Obras Públicas de la Nación José López y su segundo, Germán Nivello, y a la dirigencia de la Tupac y sus cooperativistas, tratando de exculpar a los ex funcionarios provinciales, entre ellos el ex gobernador Eduardo Fellner y sus defendidos.
Sin embargo, Moisés, horas antes del traspaso de mando en 2015 libró cheques millonarios a las cooperativas, sin aguardar eventual decisión de las nuevas autoridades electas en el Municipio de San Pedro. Además, el ex intendente fue aliado electoral del Fuyo, partido de Milagro Sala en esas elecciones por los cargos provinciales y nacionales, e inclusive participaron mutuamente de campañas proselitistas junto a la líder piquetera. Moisés, fue el mismo que en medios nacionales admitió que debían “ir presos” los intendentes por lo que estaban haciendo.
Ayer Matuk, ex funcionario también de Fellner, decía en declaraciones a los medios de prensa locales, “hay actas en las que los tres (auditores) suspenden obras a nivel provincial porque eran muy rigurosas pero eso no ocurría con las viviendas de las cooperativas de la Tupac Amaru y otras organizaciones sociales‘.
Dicho argumento es el mismo, pero que con mucha antelación pronunció allá a principios de 2016, la intendente de Calilegua, Elsa Flores (también imputada), quien la única jefa comunal justicialista que salió a denunciar a la dirigente Milagro Sala por los aprietes que recibía para emitir los cheques caso contrario le destruían el municipio. Allí Flores revelaba que les estaba vedado el acceso y control de las viviendas que construían las cooperativas ligadas a Sala; y que los auditores de Nación eran muchos más estrictos con las obras que ejecutaba el municipio, siendo benévolos con las de las organizaciones sociales.
