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Un informe de Transparencia Internacional (TI) advirtió sobre “falta de herramientas eficaces” en Argentina para combatir la corrupción, consideró al Poder Judicial como “uno de los poderes más opacos del Estado”, pero aceptó que en el 2016 “se dieron ciertos avances en materia de transparencia”, principalmente con la sanción de la ley de Acceso a la Información Pública y la Ley del Arrepentido.
En 335 páginas, bajo el título “Corrupción y Transparencia”, la ONG Poder Ciudadano (capítulo argentino de Transparencia Internacional) realizó una detallada investigación sobre los avances y déficits en la lucha contra la corrupción en el país, en la que marcó responsabilidades tanto para el anterior gobierno kirchnerista, como para la gestión actual de Mauricio Macri, el Poder Judicial, el Congreso, los órganos de control y los sectores empresarios.
En su prólogo, el informe señala que la corrupción “es uno de los mayores problemas de la sociedad argentina”, pero la desigualdad es su “principal tragedia” y que ambas condiciones “están correlacionadas”.
Bajo el título “Una matriz de corrupción implica mirar a todos”, el politólogo Pablo Secchi y la socióloga Karina Kalpschtrej toman como ejemplo la Operación Lava Jato de Brasil y advierten que mientras el país vecino “demuestra que la corrupción se extiende por el sistema y abarca a un sinfín de actores estatales, empresas y poderes de Estado”, en Argentina “la mira pareciera estar puesta en tres o cuatro funcionarios del gobierno anterior y en dos o tres empresarios cercanos a ese gobierno”.
