Un violento desalojo en

Asunción,- Al menos 16 muertos, entre campesinos y policías, y unos 50 heridos dejó el violento desalojo de un predio de unas 2 mil hectáreas ocupadas ilegalmente en un distrito del norte de Paraguay, hecho que puso al gobierno de Fernando Lugo en la situación más delicada desde su asunción, en agosto del 2008.
Las versiones sobre muertos y heridos son numerosas, pero varias fuentes coincidieron en que ya hay 16 víctimas fatales, aunque algunas hablan de 17, y no menos de 50 heridos, algunos de gravedad, lo que puede hacer subir la cifra de fallecidos. El episodio puso en guardia al Ejecutivo, sobre todo a partir de las versiones de que la oposición intentaría iniciar un juicio político a Lugo y la posibilidad de que se reúna el Congreso y exija la renuncia del ministro del Interior, Carlos Filizzola.
Lugo suspendió todas las actividades que tenía agendadas para ayer e hizo dos apariciones, una a través de un comunicado para solidarizarse con las familias de los policías muertos, y otra en persona, para informar que ordenó a las Fuerzas Armadas que se sumen a la zona para garantizar que no haya nuevos enfrentamientos.
Los hechos se dieron en un campo ocupado del municipio de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, ubicado al noreste del país, en la frontera con Brasil, donde campesinos sin tierra mantenían ocupado un predio del empresario Blas Riquelme.
La versión del gobierno es que los campesinos emboscaron a los policías que intentaban negociar un desalojo pacífico, pero algunos dirigentes rurales negaron esa versión y restaron responsabilidad a los labriegos.
“Ordené a las Fuerzas Armadas a desarrollar su misión específica en apoyo a la policía de acuerdo a la ley de seguridad interna y garantizamos la plena vigencia de la ley y de las instituciones del Estado”, señaló Lugo en un breve mensaje al país, desde la residencia presidencial.
Antes, se había divulgado un comunicado en el que expresó su “gran pesar y repudio” por los hechos y su “firme respaldo a la tarea de las fuerzas del orden que se desempeñan en defensa y preservación de la ley”.
“Manifiesto mi solidaridad con los familiares de las víctimas fatales y los heridos de las fuerzas del orden que entregaron su vida en el cumplimiento de su misión”, expresó Lugo en el texto, en el que destacó que “los organismos de seguridad del gobierno y sus áreas estratégicas están trabajando en este momento en líneas de acción que devolverán calma y tranquilidad” a la región.
Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Filizzola, rechazó las versiones sobre su inminente destitución y aseguró también que “no hay evidencias aún” de que en el enfrentamiento hayan participado miembros del grupo guerillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
“El hecho fue consecuencia de una orden judicial para desalojar una propiedad ocupada. No es la primera vez que se procede a desalojos y se procedió legalmente, con orden fiscal correspondiente. Hoy se activó el operativo en base a una orden judicial”, recalcó el ministro.
El ministro indicó que los ocupantes eran campesinos de “diferente procedencia y diferentes organizaciones”, pero algunos incluso “conocidos” de ocupaciones anteriores. E informó que los muertos son “9 o 10 campesinos y 7 policías”.
Según las agencias DPA y Prensa Latina, Fillizzola apuntó que la situación ya está “controlada”, por lo que “no amerita” declarar el estado de excepción, en tanto se busca a algunos campesinos refugiados en la zona boscosa aledaña al lugar de los incidentes.
Sobre la chance de que la Cámara de Diputados exija su renuncia, Filizzola destacó que tiene “el respaldo” de Lugo, que “sabe que puede disponer del cargo cuando lo considere pertinente”.
Finalmente, el titular de Interior aseguró “no existe ni pies ni cabezas, ni argumento alguno” para solicitar el juicio político a Lugo, como lo pidió el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo.
La Policía Nacional, en tanto, emitió un comunicado en el que denunció la “cobarde agresión” de los campesinos agrupados en la Liga Nacional de Carperos a los uniformados, y remarcó que la fuerza pondrá “el mejor de sus esfuerzos para el cumplimiento de sus funciones”.
El comunicado denuncia que los policías fueron recibidos con disparos de armas de fuego, y el jefe de investigación de Salto del Guairá, Walter Gómez, fue aún más allá al denunciar que los uniformados fueron “emboscados por los campesinos”.
Para Gómez, “esa gente está entrenada y que ya no son simples campesinos, sino criminales”.
A modo de réplica, el dirigente José Rodríguez, del Movimiento de los Campesinos, afirmó a un canal de TV que las familias rurales establecidas en la hacienda “sólo resistieron al desalojo y no fueron las culpables de los disparos” contra la policía.


Francois Hollande lograría
mayoría absoluta en Francia

París,- Mañana (domingo) los franceses concurrirán a las urnas para renovar la totalidad de la Asamblea Nacional (Diputados), en una elección crucial para saber si el flamante presidente, Francois Hollande, logra la mayoría absoluta que le permita gobernar sin sobresaltos de la oposición.
Según coinciden la mayoría de las encuestas, el oficialista Partido Socialista (PS) lograría esa mayoría parlamentaria absoluta evitando verse obligado a designar un primer ministro conservador, pero la elección marcaría también el regreso de la extrema derecha a la Cámara Baja después de 24 años.
Por el contrario, si el PS dependiera de sus aliados ecologistas, de centro izquierda y extrema izquierda, las negociaciones políticas internas serán más complicadas para el nuevo presidente, quien pretende imprimirle un cambio a las políticas de ajuste que rigen la zona euro frente a la crisis económica.
De las encuestas publicadas en los últimos días, tres sondeos le otorgan al PS mayoría absoluta (al menos 289 escaños), mientras que otros dos no excluyen que el PS necesite de sus tradicionales aliados de izquierda para asegurarse la mayoría.
De esta forma, el socialismo se situaría en una inédita posición de poder, al contar con el gobierno, la mayoría en ambas Cámaras y el poder de casi todas las regiones, departamentos y principales ciudades del país.
Luego de las 20 horas del domingo se conocerán las 541 bancas restantes para completar la Asamblea Nacional, dado que 36 candidatos ya fueron electos en la primera vuelta del último domingo.
En un país donde el voto no es obligatorio, la incertidumbre en torno al resultado tiene que ver con la abstención, que se prevé del 40%, para la cuarta cita electoral en menos de dos meses, luego de las dos vueltas de la presidencial de abril-mayo.
Un sondeo de CSA publicado esta tarde por el canal informativo BFM TV, sostiene que el PS obtendría entre 287 y 320 bancas, actualmente el PS posee 190 diputados.
Por su parte, la conservadora Unión por una Mayoría Popular (UMP), que afronta dificultades internas y divisiones, profundizadas luego de la derrota de Nicolas Sarkozy el 6 de mayo y su retiro de la política, se alzaría con entre 225 y 255, lejos de las 320 que obtuvo en la legislativa de 2007.
En tanto que la alianza ecologista Europa Ecológica-Los Verdes (EELV) ganaría entre 13 y 17 bancas y el partido de extrema izquierda Frente de Izquierda entre 8 y 11, por lo que dejaría de contar con un bloque propio al no alcanzar los 15 escaños.
El partido centrista Movimiento Democrático (MoDem) perderá su peso político, pues las estimaciones lo colocan con entre 1 y 2 diputados, muy lejos de las 23 bancas que ostenta en la actualidad.
El ultraderechista Frente Nacional (FN) podría obtener entre 1 y 5 bancas, según CSA. De esa forma, el partido de Marine Le Pen regresaría a la Cámara Baja después de 24 años, pese a no resultar favorecido por un escrutinio que no es proporcional.
En Hénin-Beaumont (norte), Marine Le Pen buscará ingresar por primera vez a la Cámara Baja. Tras ganar la primera vuelta con el 42,2% de los votos, enfrentará a un candidato socialista que espera reunir el voto de todos los electores de izquierda para imponerse. Marine Le Pen confió que espera contar con siete diputados, entre ellos su sobrina Marion Maréchal Le Pen, de 23 años, quien cuenta con serias posibilidades en la región de Gard (sur) en un balotaje triangular ante candidatos de la UMP y del PS. Además de situarse a un paso de la Asamblea Nacional, el ultraderechista FN, que finalizó tercero con el 17,9% en las elecciones presidenciales de abril, logró fisurar la barrera que históricamente separó a los partidos conservadores de la extrema derecha.

Manuel Santos
podrá diálogar con
grupos armados

Bogotá,- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quedó a un paso de contar con una ley que le permitirá encarar eventuales diálogos con los grupos armados ilegales, al aprobar el Congreso el llamado Marco Jurídico para la Paz.
La iniciativa recibió anoche la aprobación del Senado, último paso antes de que el texto pase a la Corte Constitucional para después, sí, llegar a la firma del mandatario.
El proyecto, que logró 65 de los 68 votos del Senado, pese a las críticas que en los últimos días recibió por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, de la oposición y hasta del ex presidente Alvaro Uribe, pone el eje en los delitos graves y la judicialización de los cabecillas de estos grupos ilegales.
Santos agradeció en la red Twitter “la aprobación de normas” que, según él, “podrían permitir la terminación del conflicto” que vive el país desde hace casi medio siglo.
Por su parte, sectores de derecha liderados por Uribe (2002-2010), que critican el proyecto porque consideran que permitiría a los jefes guerrilleros ocupar bancas en el Congreso, rechazaron su aprobación e insistieron en que la ley “generará impunidad”.
“Se pueden abrir las puertas, por el derecho a la igualdad, para la excarcelación de paramilitares responsables de delitos de lesa humanidad por hacer parte del conflicto armado”, advirtió el senador Juan Carlos Vélez al sitio del diario El Tiempo.
Asimismo, ONGs como Amnistía Internacional y Human Rights Watch se declararon en contra del proyecto, porque establece una metodología de selección para investigar los delitos más graves de esos grupos ilegales, lo que, advierten, dejaría en la impunidad muchos casos menores.
La legislación indica que las autoridades judiciales se concentrarán en investigar y sancionar a los “máximos responsables” de los grupos armados ilegales, lo que para HRW dejaría sin castigo a mandos medios y autores materiales de delitos como masacres, desapariciones forzadas o violaciones sexuales en el marco del conflicto armado interno.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, afirmó en cambio que el proyecto es “juicioso, serio, equilibrado y busca sentar las bases para construir un proceso de paz”.
Además ratificó que “no es cierto” que la iniciativa permita a los jefes guerrilleros pelear por cargos electivos y subrayó que no generará impunidad porque “las masacres, las desapariciones forzadas y las violaciones sexuales, entre otros delitos” serían los más perseguidos por la Ley. La legislación excluye de los beneficios a las llamadas bandas criminales, que se formaron en los últimos años con ex miembros de los grupos paramilitares de ultraderecha ahora dedicados mayoritariamente al narcotráfico. El proyecto establece un tratamiento diferenciado para los distintos grupos guerrilleros que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación con su participación en el mismo.
Igualmente, la ley deberá establecer instrumentos de justicia transicional de carácter judicial o extra-judicial que permitan garantizar la investigación y sanción de los crímenes considerados de lesa humanidad.
Asimismo, la norma abre la puerta para que los futuros desmovilizados de la guerrilla conformen partidos políticos, reseñaron las agencias DPA y Prensa Latina.