Cámara de Casación ratificó

Buenos Aires.- La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento contra el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, en la causa por las presuntas escuchas telefónicas ilegales y lo dejó a un paso del juicio oral y público en el que estará imputado como miembro de una asociación ilícita.
La Sala I de Casación, en un voto concurrente, desestimó un recurso de queja que habían presentado los abogados de Macri, Santiago Feder y Ricardo Rosental, mediante el cual intentaban revertir el procesamiento dictado por el juez Norberto Oyarbide y ratificado por la Cámara Federal.
La decisión de Casación despeja el último obstáculo en el camino al juicio oral y público, pues el juez Oyarbide ya había dispuesto la clausura del sumario por estar “agotada” la investigación, y le corrió Buenos Aires.- La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento contra el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, en la causa por las presuntas escuchas telefónicas ilegales y lo dejó a un paso del juicio oral y público en el que estará imputado como miembro de una asociación ilícita.
La Sala I de Casación, en un voto concurrente, desestimó un recurso de queja que habían presentado los abogados de Macri, Santiago Feder y Ricardo Rosental, mediante el cual intentaban revertir el procesamiento dictado por el juez Norberto Oyarbide y ratificado por la Cámara Federal.
La decisión de Casación despeja el último obstáculo en el camino al juicio oral y público, pues el juez Oyarbide ya había dispuesto la clausura del sumario por estar “agotada” la investigación, y le corrió traslado a todas las partes para que formularan sus requerimientos u objeciones sobre la elevación a la etapa de debate.
Además, el máximo tribunal penal del país rechazó una recusación que había planteado Macri contra el juez Oyarbide, de modo que también en ese punto avaló tácitamente toda la actuación del magistrado desde el inicio de la investigación.
“La resolución que confirmó el auto de procesamiento no constituye sentencia definitiva a los fines del recurso de casación, máxime no habiéndose acreditado la existencia de cuestión federal, ni demostrado que se presente alguno de los supuestos de excepción admitidos por la Corte Suprema”, sostuvieron los camaristas Eduardo Riggi, Rafael Madueño y Ana María Figueroa.
“Tampoco se demostró la existencia de gravedad institucional”, añadieron.
En cuanto a la actuación de Oyarbide, el tribunal consideró “inadmisibles los recursos de casación interpuestos contra el rechazo de la recusación pues -además de evidenciarse insuficientes al no rebatir los fundamentos de la denegatoria- el apartamiento de un magistrado del conocimiento de una causa no puede reposar en una mera sospecha de parcialidad”.
“No es función de los supuestos de recusación dar a las partes un instrumento eficaz para separar al juez interviniente cuando sus decisiones no les sean favorables, y las causales de recusación deben ser evaluadas con el máximo de ponderación y prudencia, sobre todo cuando son sobrevinientes a la iniciación del proceso”, insistieron.
Sobre ese punto en particular, la recusación contra Oyarbide, el juez Riggi votó en disidencia.
Finalmente, el tribunal rechazó un planteo del imputado ex policía y presunto espía Ciro James contra la decisión de denegarle “medidas de prueba requeridas por la defensa”.
El tribunal ponderó que Oyarbide “realizó medidas de prueba tendientes a corroborar el tópico planteado por la defensa, vinculado a la posible participación de personal de la Secretaría de Inteligencia -ex SIDE- en el anoticiamiento que se le efectuara a una de las víctimas acerca de que su línea se encontraría intervenida ilegalmente”.
Ese planteo podría haber derribado toda la causa, ya que si se hubiera declarado inválido ese elemento disparador del expediente todo lo que sobrevino después habría sido nulificado.
La Casación, al rechazar esa hipótesis, destacó que la defensa de James “requirió y obtuvo que la persona a la que sindicaba como cumpliendo ese rol fuera relevada del secreto impuesto por ley 25.520 (de inteligencia) y prestara declaración juramentada en la causa”.
El caso de las escuchas está referido a presunto espionaje telefónico a personas de diversos sectores sociales, y están imputados Macri, el ex policía federal y ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Palacios, Ciro James y funcionarios judiciales de Misiones, entre otros.


La Justicia prohibe a
Jaime salir del país
Exigen a Oyarbide que “resuelva con
celeridad” causa por enriquecimiento

Buenos Aires.- La Cámara Federal porteña le prohibió al ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime salir del país, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, tras revocar una autorización que le había otorgado el juez Norberto Oyarbide para viajar la semana próxima a Brasil.
La Sala I del tribunal consideró que Jaime no explicó el motivo del viaje y también instó a Oyarbide a “arbitrar los medios necesarios para que su situación procesal se resuelva con mayor celeridad posible” en ese expediente.
La decisión fue adoptada mientras Jaime se encontraba en los tribunales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro, sede de la Justicia federal, donde el ex funcionario estaba declarando como acusado por la tragedia ferroviaria de Once, en la que en febrero murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.
Oyarbide y el fiscal Carlos Rívolo investigan a Jaime por el presunto enriquecimiento ilícito en más de seis millones de pesos durante sus seis años como Secretario de Transporte de la Nación, entre 2003 y 2009, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Jaime pidió autorización para viajar el próximo viernes a Brasil -donde vive su hermano- y hasta el 2 de julio, y Oyarbide se lo había dado, pese a la oposición del fiscal Rívolo.
El fiscal sostuvo que Jaime firmó un contrato de trabajo en Brasil y que en ese país hay pendientes pedidos de información a bancos, por lo que la presencia del ex funcionario allí es “un riesgo de entorpecimiento de la investigación”.
También recordó que ya en 2010 Oyarbide le había negado a Jaime salir del país.
Los camaristas Eduardo Farah, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler calificaron de “razonable” el planteo de Rívolo y agregaron que Jaime no fundamentó los motivos del viaje.
Jaime está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito por la compra de diferentes bienes, como autos, terrenos y departamentos por seis millones de dólares y un avión Lear Jet 31 A valuado en cuatro millones de dólares, para lo cual, según las sospechas, habría utilizado a distintas personas para realizar las operaciones.
En la causa ya fueron indagados familiares y asesores, como Manuel Vázquez, ex mano derecha suya en la Secretaría, y su hijo Julián, y cuando debía resolver si citaba a Jaime, el juez ordenó un peritaje contable.
Ante la extensión de los tiempos de la causa, entonces la Cámara instó a Oyarbide a “arbitrar los medios necesarios para que su situación procesal se resuelva con mayor celeridad posible”.