Seremos implacables con los

Rawson.- El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, aseguró que “lo que está pasando con el precio de la yerba es una vergüenza, es lisa y llanamente delincuencial, y vamos a clausurar todos los negocios que sean necesarios”.
El funcionario nacional sostuvo que “uno recorre por estas horas y ve cómo en muchos lugares del país se solucionó el problema de la yerba y resulta que acá (por Chubut) todavía hay algunos que no quieren entender que la yerba tiene que tener el mismo precio que el 2 de enero de este año”.
Yauhar realizó estas declaraciones en la localidad de Gaiman, donde encabezó la inauguración de la delegación del Ministerio de Agricultura.
Allí alertó a los consumidores que “hemos abierto líneas de comunicación con un 0800 del ministerio y de Presidencia de la Nación y de la Secretaría de Comercio Interior” para que realicen denuncias ante posibles abusos en el precio del producto.
“Si los consumidores sienten que le están metiendo la mano en el bolsillo no compren y no paguen lo que no corresponde comprar y pagar, por eso le estamos pidiendo que hagan las denuncias y el gobierno va a clausurar todos los negocios que sean necesarios” advirtió.
Yauhar pidió que “en esto todos tenemos que defender nuestro bolsillo porque yo quiero hacer brevemente una síntesis de este tema puntual que es directo y hace al producto de consumo masivo de nuestro pueblo, de los trabajadores”.
“El Estado consideró darle unos centavos de aumento al productor que el último que había tenido fue hace más de un año y medio, pero que en la góndola las cadenas de comercialización habían tenido un aumento en octubre y otro en marzo, del 36 por ciento que no llegaba al productor” explicó.
Aclaró a continuación que “el gobierno utiliza mecanismos de corrección que tiene que utilizar en un laudo a favor del productor que es el principal eslabón de la cadena porque si no está el productor no existe el resto”.
“El productor tiene que cobrar el precio justo porque si uno analiza que el productor cobraba 90 centavos por la yerba verde o 4,50 por la ganchada que es la yerba ya seca y que uno en la góndola lo paga a 12 pesos, fíjense dónde queda la proporción” razonó.
Explicó que con esos números el productor “prácticamente trabaja en algunos casos a pérdida, pero el que tiene una góndola que ni siquiera la llena, gana un 30 por ciento y este es un sistema ilógico”.
“Y la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, nos obliga permanentemente a los funcionarios a ir modificando esos estatus para que la ganancia en toda la cadena sea absolutamente proporcional con los productos, si no nunca nos transformaremos en un país de valor agregado”, señaló.
Dijo que “este país está viviendo otra lógica, y es que con cada parte de la materia prima que producimos tiene que tener una cadena de valor agregado que es trabajo para los argentinos y así cuando vendemos o exportamos en ese proceso tiene que haber millones de argentinos aportando, trabajando y recibiendo el dinero que le corresponde”.
“Vamos a insistir con lo que sea necesario, desde cerrar exportaciones, desde tener que importar yerba en caso de ser necesario para que ese producto básico esté en la mesa de los argentinos”, enfatizó.


Establecen controles para las
empresas que remesen divisas

Buenos Aires.- Las personas o sociedades que estén alcanzados por la regulación del Banco Central (BCRA) para operar como remesadoras de fondos dentro y fuera de la Argentina deberán aportar a la Unidad de Información Financiera (UIF) los datos de sus clientes, especialmente con los que realizan operaciones por más de 60 mil pesos anuales.
La medida fue dispuesta mediante la Resolución 66/2012, publicada ayer en el Boletín Oficial con la firma del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, en la que también se estipula la necesidad de adoptar una serie de normas a fin de prevenir el lavado de activos y el financiación del terrorismo.
Allí se establece también la “modificación del reporte sistemático para empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete”.
De acuerdo con la norma, se establece como sujetos obligados “las personas físicas o jurídicas alcanzadas por la regulación del Banco Central para operar como remesadoras de fondos dentro y fuera del territorio nacional”, las cuales, a su vez, deberán informar acerca de sus clientes.
En ese sentido, se define como cliente a “todas aquellas personas físicas o jurídicas con las que se establece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial”, que superen los 60 mil pesos anuales, o su equivalente en otra moneda.
De acuerdo con la Resolución, quienes realicen esa actividad deberán, entre otras cosas, enviar un informe mensual a la UIF de las operaciones que realicen e informar sobre las operaciones inusuales y sospechosas.
Para ello, la Resolución prevé que los “sujetos obligados” deban elaborar un manual de procedimiento, designar una “oficial de cumplimiento”, establecer “un sistema de auditoría interna” y un “programa de capacitación” para su personal, entre otras cosas.
La Resolución forma parte de las medidas que el Gobierno está aplicando para conseguir que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) saque a la Argentina del listado de países con controles insuficientes para la prevención de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Los capítulos que conforman la Resolución de la UIF se refieren a las “definiciones a las políticas para prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo;a las políticas de identificación y conocimiento del cliente; la elaboración del legajo del cliente y la conservación de la documentación; a reporte sistemático de operaciones; alreporte de operaciones sospechosas, y a las sanciones’ para quienes no cumplan con lo estipulado en la norma, de acuerdo con lo previsto en la ley 25.246.
Entre otras cosas, la Resolución prevé que “la política de ‘Conozca a su Cliente’ será condición indispensable para iniciar o continuar la relación comercial o contractual con el mismo. Dicha relación debe basarse en el conocimiento de sus clientes, prestando especial atención a su funcionamiento o evolución -según corresponda- con el propósito de evitar el lavado de Activos y la financiación del Terrorismo”.

Fuerte retracción de inversiones
de las distribuidoras eléctricas

Buenos Aires.- Pequeñas y medianas empresas proveedoras de distribuidoras eléctricas se pusieron en estado de alerta ante lo que definieron como una “drástica disminución” de pedidos de insumos y equipos, situación que de persistir “obligará a suspender o despedir” personal.
El presidente de la Cámara Argentina de la Industria Electrónica (CADIEEL), Jorge Luis Cavanna, aseguró que hay una “caída de las inversiones” por diferentes vías en el sector de distribución eléctrica.
El problema afecta a entre 20 y 30 empresas que fabrican equipos eléctricos que emplean unas 2000 personas y que son proveedoras de las distribuidoras.
Según señaló el directivo, las empresas del sector están incurriendo en “atrasos de pagos, suspensión de inversiones o anulación de pedidos al momento de la entrega”.
“Lo que todavía queda trabajo es trabajo para unos 60 días que se trata de cubrir con exportaciones y con lo que se vaya consiguiendo. Pero hay empresas que están llegando al límite, lo que obligaría a tomar medidas indeseadas”, señaló Cavanna.
“Sea como sea el resultado es el mismo, se ve que hay una caída en la inversión. Hay algunos casos en los que nos dicen que han suspendido inversiones debido a que no han recibido ajuste tarifario”, indicó Cavanna.
En un reporte conocido hace un par de días, los empresarios advierten que hay “contratos de provisión anulados, pagos a proveedores que llevan meses de atraso, pedidos suspendidos y entregas demoradas a pedido de las prestadoras del servicio”.
“Hay muchas pymes industriales que ya tienen los equipos que les encargaron listos para ser entregados o en un estado avanzado de producción, una situación que pone en un serio compromiso a las empresas proveedoras”, señala CADIEEL.
El gerente de la entidad, Claudio Kr„mer, precisó en ese trabajo que una de las distribuidoras eléctricas del área metropolitana “anuló contratos de provisión, suspendió pedidos en firme, solicitó demorar entregas ya pactadas y anuló órdenes de compra que ya estaban acordadas”.
También señaló que una distribuidora provincial debe “varios meses de pagos a proveedores”.
Kramer advirtió que “de persistir esta situación en un plazo no mayor a dos meses” varias industrias estarán “obligadas a comenzar a suspender o despedir” trabajadores.
En ese sentido, alertó que el suministro de energía eléctrica a la población corre “serios riesgos” a causa de “la falta de inversión” en mantenimiento y expansión de la red.
“Las empresas de servicios públicos de transmisión y distribución de energía eléctrica están frenando sus inversiones destinadas a mejorar su infraestructura, aumentar la calidad del servicio y ampliar la capacidad de su red eléctrica”, indicó el directivo.Kramer indicó que “esta situación pone en serio riesgo su funcionamiento y la seguridad de la población que podría llegar a padecer las consecuencias de esta falta de inversión”.El directivo consideró que la última tormenta que cobró la vida de 17 personas “puso en evidencia la fragilidad del sistema” derivada de la falta de inversión.
Así abogó por el soterramiento del tendido eléctrico para generar una red “más segura, confiable, con mayor calidad de energía y más resistente ante cualquier tipo de catástrofe”.