Tras conocerse la medida cautelar presentada contra el nombramiento de Lula, la Cámara de Diputados eligió ayer a los 65 miembros de una comisión especial que determinará si existen argumentos jurídicos para la apertura de un juicio político con miras a la destitución de Rousseff.
Si bien durante toda la jornada medios de prensa difundieron la anulación del nombramiento del ex presidente, hacia la tarde el titular de la Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil, José Eduardo Cardozo, aclaró que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) ya es ministro de la Casa Civil pero no podrá ejercer las funciones de su cargo hasta que la Corte Suprema resuelva sobre la decisión judicial que suspendió su nombramiento.
Lula está con un impedimento en el ejercicio de los actos, pero está investido, señaló Cardozo durante una rueda de prensa en Brasilia, tras asegurar que el Gobierno apelará la decisión de Itagiba Catta Preta Neto, el magistrado de la Corte Federal 4 de Brasilia que pidió la cautelar.