ULTIMO MOMENTO:
EN LA JUSTICIA
La denuncia fue radicada por los abogados Jorge Cholvis, Arístides Corti y Eduardo Barcesat, de la Asociación Civil “Instituto Arturo E. Sampay” e impulsada por el fiscal Federico Delgado, quien le pidió a Casanello que asegure “todos y cada uno de los documentos en cualquier soporte, que directa o indirectamente estén vinculados a la cuestión”, para evitar la eventual desaparición de pruebas.Al recibir la denuncia con el impulso fiscal, Casanello envió un oficio a la Jefatura de Gabinete, donde solicitó copia de la documentación en torno a las decisiones administrativas sobre las negociaciones que realizó con los fondos buitres por el pago de la deuda pública.La decisión de Casanello se dispuso en paralelo a la sesión que se desarrollaba ayer en el Congreso, donde el oficialismo confiaba en aprobar, con el apoyo del bloque del Frente Renovador, tres proyectos de leyes que incluyen la derogación de dos normas vigentes para poder acordar con los denominados “fondos buitres”.
La causa analiza si “se defraudaron las arcas públicas” en la negociación con los holdouts.
Los denunciantes “concretamente reclaman que se investigue si existen políticas públicas en curso de ejecución, para emitir deuda externa por U$S 15.000 millones dólares destinada a acordar con el 6% de los bonistas que no ingresaron al canje de año 2005, mientras que para los 93% que si lo hicieron se emitieron, según esa perspectiva, 30.000 millones de dólares”, explicó el fiscal.
“Si ello es así, se estaría premiando la práctica de los especuladores que habrían ganado diez veces más que lo que invirtieron y omitiendo sopesar las directrices de las Naciones Unidas sobre reestructuración de deudas”, añadió.El fiscal le pidió al juez Casanello una ‘orden de presentación dirigida al Jefe de Ministros de la Nación, para que de inmediato ponga a disposición todos y cada uno de los documentos en cualquier soporte, que directa o indirectamente vinculados a la cuestión de los ‘fondos buitre’, ya sea en el marco de las causas que sustancian en Nueva York o en otros tribunales arbitrales, administrativos y/o judiciales del mundo”.“Con esos instrumentos, deberá encomendar también en un plazo perentorio a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y a la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) que designen un experto por lado, para que analicen las políticas públicas señaladas”, concluyó.
