Tras citar que la Organización Mundial de la Salud definió la ludopatía como un problema de salud, respecto del cual el Estado debe intervenir fundamentalmente en la fase de prevención, la autora del nuevo proyecto lamentó que no se pueda “contar con un marco normativo que impulse respuestas adecuadas para quienes padecen este cuadro y sus familias que resultan siempre profundamente impactadas”, y se pronunció a favor de “establecer acciones y procedimientos conducentes a informar sobre los riesgos y, particularmente, las consecuencias de este trastorno crónico, en el marco de una política de juego responsable”, explicó Albornoz.
