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Miranda señaló que las organizaciones que responden a Sala “han tenido movimientos financieros de más de 30 millones de pesos” y consideró “poco probable que se haya hecho todo esto sin aval o conocimiento de funcionarios del orden nacional”.
Al analizar los avances en la investigación donde participa en representación del estado como parte querellante, el fiscal señaló que “no tenemos informe de cuanta plata se habría desviado o dado fines distintos” pero apuntó que la Auditoría General de la Nación sigue trabajando en busca de más informes.
“Sí tenemos datos de precios de contratos que habían concluido la obra, fueron pagados y un año después el Ministerio de Planificación (en la gestión de Julio De Vido) les otorgaba redeterminaciones de precios”, reveló.
Y, destacó que “también estamos investigando esa mecánica”.
Al respecto, el fiscal explicó a radio La Red que la operatoria consistía en que “se acordó un precio, la obra se hizo, se ejecutó y luego de un año el estado le otorgaba, en algunos casos, hasta un 30 por ciento más de redeterminación”.
“Eso no es algo regular en una contratación directa”, acotó.
Respecto del desvío de fondos que se investiga en Jujuy en torno a Sala, dijo: “No sabemos cuál fue el destino que se les dio, si compraron inmuebles o vehículos. Si supiéramos cuáles fueron podríamos llegar a embargar y recuperar parte de los fondos”.
En ese marco, recordó que a Sala se la investiga por un faltante de “29 millones de pesos que eran de anticipo financiero para la finalización de obras”.
“Hemos dispuesto todos los elementos al alcance del juez y la fiscal y si hay algún tipo de derivación hacia algún organismo nacional vamos a aportar todos los elementos y colaborar para que se esclarezca”, añadió.
Miranda resaltó que “es difícil que toda esta mecánica se haya podido llevar adelante sin el conocimiento de autoridades provinciales y nacionales”.
