Según informaron altas fuentes del Ministerio del Interior, no es prioridad consensuar una nueva ley de Coparticipación porque es un debate abstracto y sólo se lograría si las 24 provincias están de acuerdo, algo muy difícil.
A pesar de lo dicho por el presidente Mauricio Macri, que en más de una oportunidad puso como objetivo final una nueva ley, el oficialismo tiene definida una meta más pragmática: incrementar la masa coparticipable para federalizar la recaudación, remarcaron desde Interior.
Actualmente, la proporción de la masa coparticipable es de 75-25 (75% de lo recaudado se lo queda el Estado nacional), y el gobierno aspira a llevarlo al mediano plazo a un 66-34, fomentando el reparto de competencias junto con sus recursos (con un modelo similar a lo firmado con la Ciudad en cuando a la Policía Federal).
La Nación no puede estar ocupándose de licitar obras para veredas y asfalto, eso será delegado, ejemplifican altas fuentes oficiales, y aseguran que las provincias serán más beneficiadas por esta forma de reparto que por una nueva ley de coparticipación, que sería un proceso mucho más largo.
El intercambio comenzará en dos semanas, cuando el viceministro de Interior, Sebastián García de Luca, y el secretario de Relaciones con las Provincias, Alejandro Caldarelli (abocado más a la parte económica) comiencen el ciclo de encuentros con ministerios de Economía o Hacienda de cada una de las 24 provincias.
Como telón de fondo, el oficialismo es consciente que en un mes inician las sesiones ordinarias del Congreso, en el que cuenta con una ostensible minoría en ambas cámaras, por lo que busca durante febrero llevar a los papeles el nuevo flujo de erogaciones para las provincias (cuyos gobernadores, espera, influencien a sus legisladores).