Se declararon respetuosos de las decisiones del Poder Judicial y enfatizaron que el debido proceso se encuentra garantizado en el marco del orden constitucional vigente.
Para los legisladores comunales de la UCR, la detención de Sala es el corolario de varias causas penales y expresaron que están relacionadas con delitos de defraudación al erario público, amenazas, obstrucción al transporte, tumulto, daños y hechos que culminaron en violencia, muerte y otros que aún se investigan.
Reflexionaron que ninguna persona puede estar por encima de la Ley y exento de las responsabilidades que la misma determina y ratificaron su convicción de que el único encargado de la política de una provincia es el Estado, a través de sus gobernantes, democrática y legítimamente electos.