La herencia de una era

Por Alejandro Nieva, Auditor General de la Nación Las tareas exhaustivas que realizaron los equipos de profesionales de la Auditoría General de la Nación en el marco de la auditoría de Corte en Jujuy, permiten afirmar con absoluto rigor técnico que existían serias deficiencias en la administración provincial. 

Nuestro informe preliminar ha marcado el estado de situación en el que se ha recibido la administración y demuestra que no existe un sistema de información financiera integral e integrado que facilite el accionar de la gestión pública provincial. Las observaciones dan cuenta de un estado de descontrol y caos, con inobservancia de leyes vigentes en algunos casos puntuales, especialmente en el Instituto de Vivienda de la Provincia y en el Instituto de Seguros de Jujuy. Nuestros hallazgos pusieron en evidencian sistema obsoleto que venía siendo utilizado para la administración de los fondos públicos. Esto claramente ha conspirado impidiendo una buena gestión de esos recursos. 

En cuanto al presupuesto provincial, el resultado financiero del ejercicio 2015 fue deficitario en $1.831 millones. En algunas ocasiones observamos la necesidad de modernizar y mejorar la administración de los recursos públicos, en el área de Presupuesto,detectamos que aún no se implementó el presupuesto por programa. Esta es una técnica a través de la cual se asigna los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la comunidad a determinadas categorías programáticas. 

En el Instituto de Vivienda de Jujuy nos encontramos con una situación crítica: este organismo no cumplía con la función esencial que le fue legalmente conferida. En cambio, esa función fue delegada a organizaciones sociales - cooperativas, en todos los casos- financiados por el Estado Nacional. Pudimos constatar que muchas cooperativas se desnaturalizaban y manipulaban, en tanto presentaban el mismo presidente y la misma sede social. Observamos que no existía constancia de la realización de auditorías técnicas y financieras. Sumado a ello, no pudimos obtener detalle completo de las obras en ejecución, con sus respectivos grados de avance físico y financiero, como así tampoco de aquellas que se encontraban en etapa de licitación. La información que obtuvimos fue sólo parcial. 

En cuanto a la unidad provincial que ejecuta el Programa Federal de Integración Socio Comunitaria, no pudimos acceder a la información de las obras en ejecución, tampoco de los municipios y organizaciones sociales beneficiarias. Nos encontramos con descentralización en la ejecución y en el control de las obras de viviendas sociales e infraestructura, como también con falta de información integral.