Buenos Aires - La Defensoría de la Tercera Edad habilitará en el curso de esta semana la adhesión a una acción colectiva para frenar la suspensión de la ley de Movilidad Jubilatoria e
impedir que se aplique el aumento de haberes al sector pasivo de acuerdo con la modalidad anunciada el viernes por el presidente Alberto Fernández, por considerar que esa decisión
vulnera derechos adquiridos en una continuidad de una práctica habitual del Estado argentino de pagarles menos a los jubilados. En los próximos días presentaremos una medida
cautelar para dejar sin efecto el decreto, dijo el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, que advirtió que si no tiene la respuesta esperada de la Justicia, acudirá per sáltum a la Corte
Suprema de Justicia. El ombudsman precisó que para la presentación contará con el patrocinio del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, pero dejó claro que están esperando
que se publique el decreto para hacer la presentación ante la Justicia. Dejó en claro que se abstraen de cualquier consideración política respecto al objetivo solidario de la medida
anunciada por el gobierno, sino que cuestionan que la iniciativa se encuadre en la regresión del derecho del adulto mayor ya que la ley de movilidad jubilatoria surge de una garantía
constitucional, incluida en el artículo 14 bis de la Carta Magna.De todas formas, dijo que esperan que haya alguna rectificación del propio Estado, que reflexione sobre esta merma en los
derechos de los adultos mayores.