Buenos Aires - La Cámara de
Senadores convirtió ayer a la
madrugada en ley el proyecto de
Solidaridad Social y Reactivación
Productiva en el Marco de la
Emergencia Pública que contempla
una serie de cambios en las facultades
que tiene el Poder Ejecutivo
para administrar el Estado en materia
económica, financiera, fiscal,
administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
La iniciativa fue aprobada por 41
votos a favor, 23 en contra y una
abstención tras un debate de casi
ocho horas en el que 33 senadores,
sobre 65 presentes, hicieron uso de
la palabra. El proyecto enviado por
el Poder Ejecutivo, fue aprobado
inicialmente el viernes a la mañana
por la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley de Solidaridad
Social y Reactivación Productiva
contempla la declaración de la
emergencia pública hasta el 31 de
diciembre de 2020, para aplicar
medidas ante la crisis económica y
social y sentar las bases para promover
el desarrollo productivo.
Los principales ejes son la creación
de un impuesto a la compra
de dólares para turismo o atesoramiento,
aumento de alícuotas del
impuesto a los bienes personales,
moratoria para las pymes, congelamiento
y revisión de las tarifas,
suba en los derechos de exportación
de granos y oleaginosas (retenciones),
y la suspensión de la movilidad
jubilatoria. Se eximen de esta
medida a las víctimas de la Ley
Brisa, judiciales, docentes, ex funcionarios
nacionales y científicos
ya que ambos grupos tienen sistemas
que garantizan un determinado
ingreso con relación a los activos.
Cuando la medida comenzaba a
debatirse, se conoció la decisión del
presidente Alberto Fernández de
enviar un proyecto de ley para que
en sesiones extraordinarias se eliminen
las jubilaciones especiales en
la Justicia y en el Cuerpo
Diplomático. Además, el Jefe de
Gabinete, Santiago Cafiero anticipó
que el gobierno está preparando un
ajuste en el gasto político.